El Gobierno deja en manos de las CC AA las multas a Uber o Airbnb

El Gobierno de Mariano Rajoy se lava las manos respecto a las plataformas que conforman la economía colaborativa. Serán las Comunidades Autónomas las únicas capaces para multar Airbnb, Uber y Blablacar, entre otras.

De esta forma, el Ejecutivo, ahora en funciones, evita un cisma con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y con la misma UE, quien ha pedido a los países la integración de estas plataformas acusadas de competencia desleal y de no pagar los impuestos preceptivos de cada sector.

Así, Uber y Blablacar no tienen vehículos en propiedad, ni Airbnb posee inmuebles. Su labor es la de un intermediario entre particulares. Este tipo de plataformas es uno de los eslabones de la conocida como «tercera revolución industrial», donde la tecnología es la protagonista.

El Ejecutivo del PP, lejos de seguir los pasos de algunos países de la UE que han prohibido estas plataformas por competencia deseal y que tienen sentencias judiciales en contra en España, no quiere legislar sobre este espinoso asunto. Más por las protestas y críticas provocadas por su irrupción en la economía del día a día.

Los hoteles han criticado duramente a Airbnb por no abonar las tasas ni tampoco cumplir con los requisitos exigidos a los inmuebles para ofrecérselos al público. La compañía tecnológica se defiende argumentando que no tiene inmuebles y que su único negocio es la comisión que cobra de los particulares.

Ahora serán las Comunidades quienes sancionarán, si así lo estipulan, a estas plataformas. En una respuesta del Ministerio de Industria, dirigido ahora por Luis de Guindos, se señala que es la Comunidad quien tiene la potestad para legislar estos canales tecnológicos.

Estas plataformas no siempre cumplen con la legislación vigente, y podrían enfrentarse a las «consecuencias civiles, penales y administrativas que procedan». De esta forma, son las Comunidades las que vigilan el cumplimiento de la ley, como han venido haciendo hasta ahora.

Eso sí, las autonomías son las más restrictivas a la hora de dejar operar a Uber, Blablacar y Airbnb, por encima de la CNMC e incluso que Bruselas. Los dos últimos han dado su bendición a este tipo de negocio que pone en peligro sectores enteros, como taxistas, hoteles o transporte por carretera.