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Las gasolineras, obligadas a realizar auditorías sobre precios

Las gasolineras, obligadas a realizar auditorías sobre precios

02 junio, 2017
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Actualizado: 02 junio, 2017 14:28
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El Gobierno no se fía de los datos enviados por las grandes gasolineras, las que venden más de 500.000 litros al año, y las obliga a realizar auditorías sobre los precios que envían Industria, así como los descuentos.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), una de las más grandes y significativas del sector y que engloba a cooperativas y otras estaciones, ha hecho sus cálculos: entre 15 y 20 millones de euros costará al año esta medida, que consiste en contratar a un auditor para que corrobore los precios facilitados diariamente a Industria.

Según ha indicado esta organización en un comunicado, el Ministerio de Energía prepara un real decreto que establece los métodos de cálculo y requisitos de información sobre la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte.

CEEES explica que el borrador de este real decreto modificará el del noviembre de 2011 que regula los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo, además de establecer un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

En el borrador del nuevo real decreto, el Ministerio de Energía señala que aquellas estaciones de servicio que venden más de 500.000 litros al año estarán obligadas a auditar los datos relativos a precios y descuentos que remiten a ese departamento del Gobierno, según CEEES.

Eso haría que cualquier instalación de suministro de carburantes que dispense más de medio millón de litros al año tenga que auditar los datos relativos a precios que remite a la Administración.

Añade que, aunque se han publicado informaciones que dicen que la nueva norma no se aplicará a gasolineras desasistidas o gestionadas por cooperativas, el borrador de real decreto no establece ninguna excepción, salvo el volumen de litros vendidos.

CEEES dice que, aunque en la memoria del borrador se afirma que la implantación de la auditoría no tendrá costes para el sector, no es cierto, pues una como la que se propone en el texto del nuevo real decreto puede valer entre 1.500 y 5.000 euros, lo que supondría para el sector un desembolso de entre 15 y 50 millones de euros al año.

La organización ha dicho que sus servicios jurídicos están estudiando presentar alegaciones al borrador para defender los intereses de los empresarios y de los consumidores, ya que lo más probable es que las empresas tengan que repercutir ese coste añadido en los precios de venta al público de los carburantes.

Esta organización considera que no es necesario ni oportuno someter a una auditoría el sistema de envío de precios de los carburantes al Ministerio de Energía, que es «absolutamente transparente», y afirma que lo único que provocará esa medida es el encarecimiento del producto que se dispensa en las estaciones de servicio.

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