Gran malestar en el mundo empresarial con un Pedro Sánchez que abraza las tesis de Unidas Podemos

Las principales patronales han mostrado este lunes su gran malestar por el «parón» de la actividad económica no considerada esencial desde hoy y hasta el próximo 9 de abril, y han afeado al Gobierno de Pedro Sánchez, al que creen en manos de las tesis intervencionistas de Unidas Podemos, por actuar de forma precipitada y sin consultar con ellas cómo organizar esta medida.

A esta supuesta premura se ha referido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha criticado que no se conocieran los sectores afectados por el real decreto-ley hasta su publicación en el BOE, a medianoche, cuando ya habían comenzado a trabajar los turnos de noche.

Garamendi ha destacado el impacto negativo, tanto a nivel de reputación como de facturación, que el parón va a suponer en aquellas empresas industriales que deben entregar productos en el extranjero.

Del mismo modo, ha descartado que el permiso retribuido recuperable, aplicado a los trabajadores no esenciales que a pesar del estado de alarma por el coronavirus aún siguieran acudiendo a su puesto físico de trabajo, genere problemas con los sindicatos, y ha subrayado que los empresarios no son «egoístas».

Más duros han sido los empresarios vascos. Para Confesbak las medidas de Sánchez son como si un medico te receta como remedio el suicidio.

DE LA SIDERURGIA A LO DIGITAL, EN CONTRA DEL «CERROJAZO»

Para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) aún es pronto para valorar el impacto que el parón tendrá en un sector que representa, en términos de oferta, un 6 % del PIB y emplea a más de un millón de trabajadores.

No obstante, sí que considera que paralizar «una actividad tan relevante» hubiera requerido de un periodo de tiempo suficiente desde su aprobación hasta su entrada en vigor.

«Lo han llamado hibernación cuando deberían decir que es un cerrojazo a la economía», ha dicho en declaraciones a Efe el director general de la patronal siderúrgica, Unesid, Andrés Barceló, que ha calificado de «chapuza» un real decreto-ley que incluye decisiones «poco meditadas» y que para su sector son «básicas».

Así, hay instalaciones, como los altos hornos, que no se pueden parar, y plantas en las que se fabrican aceros que se usan en suministros hospitalarios, compañías energéticas o el sector agroalimentario (hojalata para las conservas).

«Hay incluso una empresa que fabrica tubos que tenía un pedido urgente para hacer con ellos camas hospitalarias», ha añadido Barceló, que ha resaltado que sin permiso esta empresa no podrá trabajar.

El presidente de la patronal textil Fedecon, Ángel Asensio, ha lamentado que «destruir el tejido empresarial es muy rápido», todo lo contrario que reconstruirlo, que «son años y años», y ha incidido en que «para salvar el empleo, tienes que proteger a la empresa».

Mientras, la Asociación Española de Proveedores de Automoción, Sernauto, ha pedido que se permita trabajar en las actividades productivas y de expedición de mercancías para poder atender a los pedidos de mercados que todavía están activos.

Postura diversa, aunque a su vez crítica, es la de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que se han quejado de que continúen abiertas las 11.700 gasolineras de España pese al desplome del consumo de carburantes.

También ha censurado que no se haya consultado antes a las empresas el presidente de la patronal de la industria digital española Ametic, Pedro Mier, que ha insistido a Efe en la «urgencia de tomar medidas que permitan garantizar la continuidad» de las compañías, para las que no «valen parches como los que se han anunciado».

LAS QUEJAS SE INTENSIFICAN POR COMUNIDADES

A estas quejas se ha sumado la patronal madrileña, CEIM, que ha exigido a Moncloa «seriedad y solvencia» y no una «improvisación que no nos podemos permitir».

Pero también lo ha hecho el propio consejero madrileño de Economía, Manuel Giménez, que ha reprendido al Gobierno central porque «parece que se les olvida que son las empresas y los autónomos los generadores del empleo y quienes protegen a esos trabajadores que ellos dicen proteger».

Mayor contundencia ha empleado el presidente de la confederación empresarial vasca, Confebask, Eduardo Zubiaurre, que ha tildado la paralización de la actividad no esencial de «despropósito» al generar «caos, traer incertidumbre y desconfianza», demostrando «la enorme incompetencia e irresponsabilidad del Gobierno».

En Asturias, la medida ha despertado la confusión de muchas empresas industriales que aún no tienen claro si deben cesar su actividad; de hecho, mientras que Alu Ibérica, antigua Alcoa, ha anunciado el paro a partir de esta noche, Asturiana del Zinc tiene intención de mantenerse operativa, y otras como ArcelorMittal están tratando de clarificar hasta qué punto se ve afectada.

Una situación que también se está viviendo en Cataluña, donde la patronal Pimec, que ha recibido un alud de llamadas de autónomos y empresarios inquietos por las restricciones, ha alertado que el permiso retribuido llevará «a la UCI» a miles de empresas.

Algo en lo que coincide la patronal valenciana CEV, que asegura que la moratoria de 24 horas concedida por el Gobierno para determinadas actividades es «claramente insuficiente», y ha denunciado la «la improvisación y la falta de diálogo social ante una decisión que implica parar la economía de un país».