Guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por los pisos turísticos

Guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por los pisos turísticos

12 enero, 2018
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Actualizado: 12 enero, 2018 17:32
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El Ayuntamiento de Madrid ha presentado alegaciones para proponer una serie de modificaciones al proyecto de decreto del Gobierno regional sobre pisos turísticos para responder a las «múltiples necesidades» que se están advirtiendo en la utilización y comercialización de viviendas de uso turístico.

El Área de Desarrollo Urbano Sostenible, dirigida por José Manuel Calvo, presentó el pasado miércoles sus alegaciones al borrador del decreto, que modifica la normativa de la Comunidad de Madrid del año 2014.
En un comunicado, el Consistorio madrileño considera que el alquiler de este tipo de viviendas por habitaciones tendría «una incidencia muy negativa en la calidad del servicio turístico y en la sostenibilidad del modelo de ciudad» que promueve el Ayuntamiento.
La Administración local madrileña argumenta que la propuesta del Ejecutivo autonómico promueve una capacidad «excesiva» de los alojamientos de uso turístico, lo que genera «inconvenientes» como una mayor presión sobre las viviendas de uso residencial, problemas de convivencia con vecinos o una mayor inseguridad en caso de emergencias.
Además, el Ayuntamiento de la capital recuerda que, desde el punto de vista urbanístico, no es posible excluir de la condición de vivienda permanente una o varias habitaciones para atribuirlas una actividad económica.
Por ello, el Consistorio madrileño propone mantener la comercialización de los pisos, estudios, apartamentos o casas en su totalidad y no por habitaciones a terceros.
El proyecto de decreto de la Comunidad de Madrid plantea que el número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75 por ciento del total, aunque el porcentaje se reduce a un 50 por ciento si los inmuebles pertenecen a un mismo propietario.

Ordenación urbanística

El Ayuntamiento de Madrid precisa en sus alegaciones que el decreto no puede establecer el número o proporción de viviendas de uso turístico respecto al total de viviendas de un inmueble, ya que esto es materia de «ordenación urbanística», de acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid del año 2001.
Asimismo, el Consistorio de la capital considera «excesiva» la capacidad de alojamiento propuesta en el decreto por considerar que generaría «un turismo de escasa calidad» y sugiere, «como máximo aceptable», una proporción de dos personas por cada 25 metros cuadrados útiles.
Igualmente, el Ayuntamiento cree que es «fundamental» que se consideren viviendas de uso turístico aquellas que se dediquen a esta actividad comercial más de tres meses al año para permitir el desarrollo de la llamada economía colaborativa en este sector.
Dentro de sus competencias urbanísticas, el Consistorio está preparando un Plan de Regulación de las Viviendas de Uso Turístico.
Entre otras cuestiones, este Plan municipal están orientado a clarificar las normas urbanísticas que regulan la actividad, establecer un tiempo máximo de tres meses para el alquiler de viviendas destinadas a residencia habitual y poner en marcha una campaña de inspecciones en apartamentos turísticos por parte de la Agencia de Actividades.

La FRAVM, también en contra del decreto de la Comunidad

Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha expresado también hoy su oposición al borrador de decreto del Gobierno regional sobre los pisos turísticos, porque, desde su punto de vista, contribuye a su proliferación.
El responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez Quintana, opina que la propuesta de la Comunidad de Madrid en vez de «generar normas y medios que den soluciones» a los vecindarios afectados por el problema, «abre la mano, da más facilidades para que se abran las viviendas de uso turístico».
Las entidades vecinales se oponen al borrador porque «suprime la habitualidad, permite el alquiler por habitaciones y establece unos porcentajes excesivos de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en los edificios».
Además, califican de «desproporcionada» la capacidad máxima de ocupación de las viviendas de uso turístico, fijada en cuatro personas para alojamientos entre 25 y 40 metros cuadrados útiles, lo que no se corresponde con los valores de ocupación de los pisos en la Comunidad de Madrid, cuya media es de 2,5 personas por hogar.

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