Iberdrola recurre la ‘tasa Sánchez’, que le cuesta 200 milllones, pero no espera fallo hasta 2024

Iberdrola ha recurrido el gravamen temporal y extraordinario sobre la actividad no regulada de las grandes energéticas en España, que, en su caso, tendrá un impacto de 200 millones de euros por los ingresos de 2022, según ha informado este miércoles en la conferencia con analistas.

«Hemos recurrido esas medidas por ser arbitrarias y discriminatorias», ha explicado el director de servicios jurídicos de Iberdrola, Gerardo Codes, que ha insistido en que la prestación es contraria al Derecho europeo, y ha vaticinado que habrá que esperar a 2024 para conocer la respuesta de la Justicia.

En concreto, el impuesto tendrá un impacto negativo de 200 millones de euros a contabilizar en 2023.

Así consta en la presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de los resultados anuales de la multinacional, que en el último ejercicio batió los registros de 2021 y ganó 4.338,6 millones de euros, un 11,7 % más, pese a un retroceso del 19 % en España que atribuye a medidas regulatorias y fiscales.

Por otro lado, Iberdrola forma parte, junto con Endesa y EDP, de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que el pasado jueves también anunció su decisión de interponer su propio recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra este impuesto extraordinario y temporal.

Para la asociación, se trata de un gravamen «discriminatorio e injustificado» que «penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético».

Asimismo, cree que es incoherente desde el punto de vista fiscal porque «grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/megavatio hora (MWh)».

De acuerdo con lo manifestado en la víspera por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el primer pago del gravamen energético, cuyo plazo concluyó el pasado lunes y que será complementado en septiembre, recaudó en total 817,4 millones de euros.

El impuesto afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

La prestación patrimonial -coloquialmente llamada impuesto- gravará durante dos años -2023 y 2024, con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas con un tipo del 1,2 %, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

A tenor de las primeras estimaciones, el Gobierno esperaba ingresar unos 2.000 millones de euros anuales con este gravamen. Sin embargo, esta cifra se vería rebajada por las exenciones introducidas en la tramitación parlamentaria.