Iberdrola se libra del cierre de una planta en México por la decisión de un juez federal

Un juez federal otorgó una suspensión definitiva en favor de Iberdrola y advirtió de las graves consecuencias que puede tener la negativa del Gobierno mexicano a renovar un permiso para una planta de la eléctrica en Nuevo León, según confirmaron a Efe fuentes del sector.

Tal y como publicó este martes el diario Reforma, el juez Rodrigo de la Peza otorgó una suspensión definitiva para que la planta de Iberdrola de Dulces Nombres siga surtiendo a las instalaciones de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma (ahora Heineken México) en Monterrey, capital del norteño estado de Nuevo León.

El juez alegó que la suspensión de la operación de esta planta afectaría la libre competencia económica y es un cambio abrupto para el mercado eléctrico, lo que afecta al principio de confianza legítima de los inversionistas.

Por ello, consideró que esta suspensión de operaciones de la planta tendría graves consecuencias.

De la Peza respaldó la solicitud para que el permiso de autoabastecimiento de Iberdrola se convierta en un permiso bajo las nuevas reglas de la industria eléctrica, a lo cual se niega la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El juez enfatizó que el permiso de Iberdrola ha operado durante 20 años y que, en otros casos parecidos, se ha migrado a otra modalidad de suministro de energía.

Además, advirtió que la CRE negó el nuevo permiso debido a cuestiones administrativas y no por razones técnicas, según el periódico.

El pasado 31 de enero expiró un contrato de Iberdrola que proporcionaba electricidad a decenas de grandes empresas a través de la planta de ciclo combinado de Dulces Nombres en Nuevo León, tras una negativa de la CRE de renovar el permiso.

Este caso no es el único acontecido en los últimos meses, aunque la CRE no quiso detallar a Efe en días recientes el número exacto de no renovaciones de contratos, alegando que están «bajo proceso legal».

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46 % la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.

La reforma, que deberá ser aprobada por dos tercios de los legisladores, causa una enorme controversia entre empresarios y analistas.