Industria descarta nacionalizar Alcoa, que denuncia ‘imparcialidad’ en los gobiernos

Industria descarta nacionalizar Alcoa, que denuncia ‘imparcialidad’ en los gobiernos

Duro alegato del abogado de la multinacional contra el Ministerio de industria, la Xunta de Galicia y los trabajadores
28 octubre, 2020
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Actualizado: 28 octubre, 2020 16:16
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El Ministerio de Industria ha descartado este miércoles la posibilidad de intervenir Alcoa en San Cibrao (Lugo) en el sentido de «expropiación o nacionalización», y ha ofrecido su «mano tendida» a los trabajadores y a la multinacional estadounidense para lograr una «solución pactada y negociada» al conflicto que favorezca a todas las partes. Entre tanto, los trabajadores se han vuelto a manifestar y el abogado de Alcoa cree que

El abogado del Estado que interviene en representación del Ministerio de Industria en el proceso judicial sobre la solicitud de medidas cautelares ante el ERE en Alcoa San Cibrao ha defendido su papel de «mediador cualificado» en la venta de la multinacional del aluminio y «garantía a las partes» en el proceso.

El foco fundamental de las pérdidas que sufre la planta, de más de un millón de euros por semana, es el alto precio de la energía eléctrica en España que la hace inviable, denuncia el abogado de Alcoa

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia acoge la audiencia sobre esta solicitud de cautelares, en la que figuran como demandantes tres sindicatos (CCOO, UGT y CIG), mientras que Xunta y Gobierno central intervienen como partes interesadas.

Sobre el objeto de la vista, el abogado de Industria se ha mostrado partidario de que la multinacional del aluminio se abstenga de proceder a la hibernación de las máquinas y al despido de los trabajadores hasta que haya sentencia sobre el procedimiento del despido colectivo.

Así, ello no supondría una «injerencia» en la intervención de la empresa y la medida sería «menos invasiva cuanto antes se resuelva en relación con el fondo del despido»; además, ha abundado, permite «continuar las negociaciones a fin de lograr una solución satisfactoria para las partes».

De ahí que se haya posicionado en contra de la intervención judicial por la SEPI porque sería una medida «intrusiva» y porque «supone un cambio de administración».

«Es cierto que el término de intervención puede ser utilizado en otros contextos como sinónimo de expropiación o nacionalización» -como se ha pedido desde distintas instancias-, pero estas son «opciones que no se están poniendo aquí encima de la mesa y no son objeto de este procedimiento», ha aclarado el letrado tras las críticas de Alcoa por la posición del Gobierno y de la Xunta para que vendiera la planta y que, ha avisado, atenta contra el derecho a la propiedad privada y libertad de empresa.

El abogado del Estado ha aclarado que no representa en esta audiencia a la SEPI, que no ha sido citada en el proceso, porque es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de la Administración General del Estado, por lo que no considera adecuado adoptar una medida «de este calibre sin oírla previamente».

Además, ha argumentado, es el orden civil y no el social el competente para conocer sobre cuestiones de titularidad de la fábrica, que no se discute en este proceso y «no parece proporcionado» un cambio de administración por un tiempo tan «breve» -desde que eventualmente se ejecuten los despidos y la sentencia-, por lo que ha coincidido en este aspecto con la multinacional del aluminio.

En definitiva, Industria se decanta «plenamente» y le parece «viable» que Alcoa acate la pretensión objeto de solicitud y que sería desistir del cese temporal de los despidos y el cierre de cubas.

Alcoa acusa a gobiernos de parcialidad y de conflicto sobre propiedad privada

Los abogados de la multinacional Alcoa han recriminado esta mañana a la Justicia la actuación «contraria a la imparcialidad» de la autoridad laboral y han acusado a la Xunta y al Ministerio de Industria que «no son sujetos imparciales» en este procedimiento seguido esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El conflicto laboral está relacionado con la pretensión de Alcoa de despedir a medio millar de empleados de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, tras plantear un expediente ERE en ese sentido.

«Decían que la única solución al conflicto era la venta», ha continuado un letrado, que ha reiterado en varias ocasiones durante su intervención que «no se puede obligar a Alcoa a vender sí o sí, eso es un atentado contra los derechos a la propiedad privada y libertad de empresa».

Aunque no ha entrado a «prejuzgar el interés final» de Xunta y del Gobierno central en este tema, ha dicho que «cualquier tipo de presión o actuación conducente a que tenga que existir una venta es contradictorio y entra en conflicto» con dicho derechos.

El abogado de la multinacional del aluminio ha insinuado que «se quiere propiciar una especie de pinza entre unos y otros a Alcoa», que «no tenía intención ni de cerrar ni de desmantelar la planta» sino de adoptar medidas de despido colectivo «para salvarla».

Según el abogado, se ha «extendido peligrosamente» un «mantra» acerca de que «la venta a un tercero es la solución», cuando si Alcoa, que es productor de aluminio a nivel mundial, «no es capaz de hacer rentable» la planta «no sabemos por qué un tercero sí».

Durante su intervención, la primera en esta audiencia, ha expresado su protesta por la retransmisión en directo dado que abordará «información con carácter reservado» y ha avisado de que se reserva actuaciones tanto por la emisión como por la reclamación de daños y perjuicios.

Tras explicar que esta demanda de medidas cautelares se ha planteado como vista previa de un despido colectivo, ha calificado dichas medidas como «intrusivas y agresivas» que podrían acabar siendo «un salto sin red» para la empresa, que no obstante tiene el 0,3 % de la producción mundial y es un «grano de arena en el desierto de la producción mundial», ha matizado.

El abogado ha recalcado que este despido «no afecta a la empresa» sino que «permite la continuidad» de su función, que «ni es un cierre ni un desmantelamiento ni de la sociedad ni de la planta».

Por ello y pese a que esta vista «no es lugar para discutir las causas, que pasan fundamentalmente por el «coste energético que es un problema innegable, incontestable y evidente», considera «imposible operar la planta sin bajar el precio de la energía» ya que supone «más del 40 % de los costes» de la planta.

Incluso ha indicado que los sindicatos y la Xunta se pronunciaron en «términos tan palmarios de que es imposible operar la planta sin bajar el precio de la energía».

De ahí que justificara la hibernación de las cubas -a la que se oponen los trabajadores por considerar que eso condenaría la fábrica al cierre- porque «no es un empecinamiento» de Alcoa sino que son «el foco fundamental de las pérdidas que sufre la planta, de más de un millón de euros por semana», ha añadido el letrado.

Es una «situación tan sangrante» que «cuantas más toneladas se producen más se pierde», ha apostillado. Según sus cálculos, las pérdidas ascendieron a 50 millones en 2018, 61 en 2019 y al cierre de 2020 estima que alcanzarán las 58. «Con estas pérdidas la causa no es estructural», ha abundado.

Sobre la oferta de compra de la fábrica por parte de la firma británica Liberty House, ha argumentado que «no se pudo cumplir» y ha «retado a cualquiera de las partes» a demostrar que el «supuesto inversor remitió a Alcoa algún tipo de plan industrial o de inversiones, porque esto nunca sucedió».

Alcoa segura que los trabajadores no quieren hablar de nada

Respecto a los representantes de los trabajadores, les ha afeado el «mantra» de «tratar de dinamitar el despido colectivo» como «recurso para tratar de buscar un subterfugio para plantear mala fe» y les ha reprochado que «nunca» quisieran hablar «de nada».

A la autoridad laboral le ha dicho que ha respondido «debidamente» a sus «advertencias» pero que «se ha excedido en sus atribuciones, que son garantizar un periodo de consultas y no posicionarse a favor o en contra de los intervinientes; en nuestra opinión esto ha sido un exceso».

A su juicio, «no se puede poner en el disparadero a Alcoa» cuando «está vendiendo por un euro y poniendo un porrón de millones».

El letrado ha detallado las «propuestas de la SEPI» y de la propia multinacional para vender la planta, y de esta última ha expuesto que consistía en que Alcoa «puso encima de la mesa 130 millones y Liberty no quiso», por lo que «cuanto se habla de condiciones inasumibles», el abogado «no da crédito».

Acerca de que Alcoa rompió la negociación del ERE, ha justificado que la dirección de la empresa estaba dispuesta a asumir un coste de 130 millones «pero no a todo», pues Liberty «pedía 170 millones», y que «buscaron soluciones de todo tipo».

Finalmente, ha ejemplificado que el coste del despido colectivo era de 32 millones de euros, detalla, «más de cinco veces más» de lo que cuesta.

Por ello, el letrado ha concluido que no se trata pues de «un activo muy productivo», ya que «si no Alcoa en vez de poner dinero» estaría cobrándolo.

Protestas de los trabajadores

Decenas de trabajadores de Alcoa San Cibrao se han concentrado este mediodía en la entrada principal al complejo industrial ubicado en la comarca de A Mariña de Lugo para reclamar una solución que permita garantizar la producción y los puestos de trabajo en la fábrica de aluminio primario, justo el mismo día en el que se celebra en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la vista para evaluar la suspensión cautelar del ERE.

En respuesta a una convocatoria del comité de empresa, los trabajadores empezaron a concentrarse poco antes de la una del mediodía en las inmediaciones del campamento montado en la entrada principal a la fábrica, cuya plantilla está en huelga indefinida y controla los accesos para evitar la salida de aluminio del complejo industrial.

Los trabajadores formaron barricadas con ruedas y luego les prendieron fuego, al tiempo que reclamaban, una vez más, una intervención pública de la planta y la implementación de un marco estatutario que permita establecer un precio competitivo de la energía para los consumidores electrointensivos como Alcoa.

Volvieron a escucharse consignas habituales como ‘Energía, solución’, ‘La solución, una intervención’, ‘Madrid, escucha, la Mariña está en lucha o ‘A Mariña se salva, luchando’.

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