Jaguar Land Rover, el mayor fabricante de automóviles del Reino Unido, anunció hoy que suprimirá 4.500 puestos de trabajo en todo el mundo, en su mayoría en el Reino Unido, a fin de reducir costes.
En un comunicado, la compañía, propiedad de la india Tata Motors desde 2008 y con sede en Coventry (Inglaterra), explica que su intención es ahorrar 2.500 millones de libras (unos 2.760 millones de euros) en dieciocho meses.
Este recorte de empleos se suma a las 1.500 personas que ya dejaron la empresa en 2018, como parte de un plan que, según se señala en la nota, «sentará las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo».
Jaguar Land Rover, que tiene unos 43.200 empleados principalmente en territorio británico, ofrecerá un programa de bajas voluntarias, e informó asimismo de que planea «invertir más» en la electrificación de sus vehículos.
Así, producirá «unidades de conducción eléctrica» en el Centro de manufactura de motores de Wolverhampton y en un nuevo Centro de montaje de baterías que se creará en Hams Hall, en Birmingham (centro inglés), dice en el comunicado.
«Esta acción decisiva ayudará a ofrecer un robusto crecimiento a largo plazo, con la aplicación por Jaguar Land Rover de una mejora de los costes y los beneficios», manifestó el consejero delegado, Ralf Speth.
«Esto protegerá nuestro futuro y permitirá mantener la vital inversión en tecnologías autónomas, conectadas, eléctricas y compartidas», añadió.
Estas medidas se enmarcan en el programa «Carga y aceleración» con el que la multinacional quiere «reducir costes y mejorar el flujo de caja» y «la eficiencia operativa».
Como otras empresas del ramo, Jaguar Land Rover se ha visto afectada por una caída de las ventas en China y de sus vehículos diesel -debido a las restricciones de uso en varios países-, y le preocupa también una pérdida de competitividad por el «brexit» o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
También hoy, el fabricante de automóviles estadounidense Ford ha anunciado un recorte de personal en Europa, donde emplea en torno a 50.000 personas, sin aportar cifras concretas y pendiente de la negociación con los interlocutores sociales.