El juez archiva la causa del fichaje del excuñado de Rato en Bankia

El juez Santiago Alarcó, en Bankia, considera que los trabajos realizados por el cuñado de Rato «existen y han sido aportados a la causa» y no hay ningún perjuicio para la entidad

Durante su declaración ante el juez, Stilianopoulos explicó que este hecho provocó que Alarcó asumiera cada vez más funciones, y su remuneración se incrementara.
El sumario del caso recoge los sucesivos incrementos salariales percibidos por Alarcó, que comenzó cobrando 120.000 euros anuales en 2011 y dos años después llegó a ganar más de 480.000 euros.
El mismo argumento le sirve a Serrano-Arnal para librar un oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre las condiciones en las que fue contratada como secretaria de Rato Teresa Arellano, que la Fiscalía consideró también una prueba de administración desleal.
Los términos del contrato de Arellano reflejaban una retribución de 110.000 euros en 2010, de 213.000 euros en 2011 y de 374.500 euros en 2012, así como una indemnización por despido de 339.619 euros, con una antigüedad reconocida de doce años, aumentos que, a tenor de la Fiscalía, podrían suponer un ejemplo de administración desleal.

Rato gana el recurso

De este modo, el magistrado atiende el recurso presentado por Rato el pasado 20 de diciembre para que se archivara la pieza separada sobre la incorporación de Alarcó a la entidad.
Rato argumentó entonces que no había indicios de delito y no guardaba conexión con la causa principal, pero la Audiencia Provincial desestimó dicha petición.
La Audiencia Provincial ya anuló a finales de octubre de 2016 la pieza sobre las presuntas irregularidades en el fichaje en Caja Madrid, y de ahí a Bankia, del que fuera cuñado del exvicepresidente del Gobierno por falta de indicios motivados.
La sala consideró entonces que Serrano-Arnal no había expuesto «suficientemente los indicios» tenidos en consideración para abrir esta pieza, así como tampoco la posible concurrencia de perfiles delictivos, por lo que advertía sobre una «quiebra de derechos» en el proceso.
Sin embargo, el pasado 7 de noviembre el magistrado decidió reabrir la pieza al entender que podría existir un presunto delito de administración desleal en la contratación de Alarcó como experto en mercados internacionales en 2011.