Junqueras se carga ahora a un imputado en el caso 3% tras mantenerlo 4 meses

Junqueras se carga ahora a un imputado en el caso 3% tras mantenerlo 4 meses

25 febrero, 2016
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Actualizado: 25 febrero, 2016 0:00
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El consejo de administración de la empresa pública Infraestructures.cat se ha visto obligado a recular y decide rescindir el contrato de Josep Antoni Rosell, investigado -la nueva figura de imputado- por su presunta participación en el ‘caso 3%’ de presunto cobro de comisiones por parte de CDC, por «pérdida de confianza«.

Se da la circunstancia de que el pasado 9 de febrero este mismo consejo ratificó el cargo de Rosell, pero ahora desde la Consejería de Economía, controlada por Oriol Junqueras, se ha anunciado la decisión de romper el contrato del ex director general de Infraestructures.cat, que no tenía asignada tarea alguna, pero le mantenían el sueldo.

En un comunicado del pasado 11 de febrero, el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda ha querido dejar claro que «todas las decisiones sobre la situación actual del trabajador Josep Antoni Rosell se tomaron antes de la toma de posesión del nuevo Govern«.

Fuentes de este departamento han aclarado a Efe que Rosell, que fue «apartado» de sus funciones como director general a finales de octubre, no tiene actualmente ningún cargo en Infraestructures.cat, pero han precisado que se le ha encargado un proyecto de internacionalización y de investigación, desarrollo e innovación en la compañía.

En la nota, el departamento de Economía recuerda que el expediente interno abierto sigue «en curso» y pretende «evaluar la actuación general de la compañía y «certificar» que no se ha cometido ninguna irregularidad durante el período en que Rosell ocupó el cargo.

El comunicado recuerda que el 9 de febrero el consejo de administración de Infraestructures.cat (antes GISA) ratificó a Joan Jaume Oms como nuevo presidente en sustitución de Ricard Font y que tanto el presidente como el consejo de administración «se reservan el derecho a tomar las decisiones que crean oportunas cuando concluya el expediente interno con el fin de acreditar y asegurar la total transparencia en el sistema de contratación pública».

Al apartar de sus funciones a Rosell el pasado mes de octubre, la Generalitat justificó que no se le destituyera porque, como el caso estaba bajo secreto de sumario, no había base judicial para justificar un despido.

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