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La Audiencia Nacional acepta una querella criminal contra Orange

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha remitido al Ministerio Fiscal la querella criminal presentada el pasado 4 de julio por la Asociación de Afectados por Orange, ASAFORTEL, contra Orange Espagne S.A. y ha ordenado la puesta en marcha de diligencias previas, con el fin de determinar si los hechos de los que se acusa a la teleoperadora se ajustan o no a la realidad.

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Así, la Justicia española acepta una querella que señala a Orange Espagne S.A. como presunta responsable de los delitos de apropiación indebida, estafa, amenazas y coacciones y administración desleal en su relación con los distribuidores de estos servicios de telefonía.

En concreto, el auto de incoación del Juzgado señala que los hechos presentados por los querellantes “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal” y pide por ello que se pongan en marcha las acciones pertinentes: “No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

El caso

El representante de ASAFORTEL, Carlos Calderón, explica a Gaceta.es que la admisión a trámite de esta querella por parte de la Justicia ha supuesto que numerosos distribuidores de telefonía se hayan puesto en contacto con su asociación para integrarse en la causa contra Orange Espagne S.A. al haber sufrido, a su juicio, los mismos perjuicios denunciados por ASAFORTEL.

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Hechos que, según explica la asociación en su querella, pasan por el “estrangulamiento financiero feroz para llevar a los distribuidores innecesarios [para la compañía] a un irremediable cierre o a una venta (obligada), por debajo de su precio, de sus negocios”.

La historia se remonta a 2006, año de nacimiento de Orange tras la unificación de todas las empresas españolas propiedad de France Télécom bajo la misma marca, según relatan los denunciantes. “En el ejercicio de su actividad -señálan- Orange ha ido tomando posición en el mercado que constituye su objeto y dándose a conocer, además de entre otros medios, a través de un extenso canal de distribuidores y agentes (puntos de venta) colaboradores de ORANGE en la contratación de los diferentes productos y/o servicios”.

Y son, precisamente esos colaboradores quienes ahora acusan a la compañía de prácticas delictivas contra ellos. ¿Por qué? Porque, si en 2011 Orange contaba en España con 250 distribuidores y más de 1.300 puntos de venta, a partir del año 2012, siempre según los denunciantes, “la política de la empresa cambió radicalmente” y comenzaron las “prácticas fraudulentas con la clara intención de acabar con aquéllas tiendas que ya no le interesaba mantener”.

120 millones de euros

La forma de llevar a cabo esta reducción de la red de distribuidores habría sido, según la denuncia, de “estrangulamiento financiero feroz”. Así, de forma intencionada y predeterminada, ORANGE recurrió a métodos como “cambio unilateral continuo de las condiciones contractuales sin derecho a réplica por parte de los distribuidores afectados; falta de información contractual a dichos distribuidores; manipulación fraudulenta de los objetivos mensuales; aplicación de criterios de pago diferentes a los establecidos en el contrato o discriminación entre los distribuidores”.

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Unas acusaciones que se resumen, tal como explica Carlos Calderón a Gaceta.es, en que, en lugar de “liquidar a los distribuidores perjudicados de una manera razonable y como hubiera correspondido por ley” para reducir sus puntos de venta si así lo exigía la estrategia de la compañía, Orange Espagne S.A. habría tomado la decisión unilateral de cerrar un gran número de tiendas que consideraba prescindibles con esas técnicas presuntamente fraudulentas.

La querella inicial, que cifraba los perjuicios producidos por la teleoperadora en 33 millones de euros, habría ascendido ahora, según explica Calderón, a 120 millones de euros de daños tras haberse puesto en contacto con ASAFORTEL numerosos distribuidores afectados, presuntamente, por las mismas prácticas de la compañía telefónica