La Audiencia admite la querella contra Saracho e indagará sobre la «acción pautada» de dos medios

La Audiencia Nacional admite a trámite la querella de la AEMEC contra el ex presidente de Banco Popular, Emilio Saracho, y exige conocer si hubo acción concertada entre la ex cúpula de la entidad financiera y medios de comunicación para «desacreditar ante la opinión pública, expertos, analistas, autoridades y trabajadores a Banco Popular».

La querella se extiende también a Banco Popular; Ángel Ron, ex presidente de la entidad financiera; Benjamín Galiana; Roberto Higuera; Antonio González Adalid; José María Arias; Ignacio Sánchez Asiaín; Ana María Molins; Reyes Calderón; Sindicatura de Accionistas BPE; Francisco Aparicio Valls; Vicente Tardío; Unión Europea de Inversiones; Diederik Johannes Govert; Frield Hans; JM Baron Slingelandt; Francisco Javier Zapata; José Peña; Francisco Javier Lleó; Herberto J. Gut; Vitalino Nafria Aznar; Antonio del Valle Ruiz; PwC; Pedro Barrio, Francisco Gómez; Jorge Oroviogoicoechea; Pedro Larena y Luis Herrando Prat.

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Intereconomía.com, la juez ha admitido la prueba pericial elaborada por un experto en comunicación, para que pueda informar acerca de la existencia de una «actuación pautada» por parte de dos medios de comunicación, dirigida a desacreditar (…) a Banco Popular, su dirección y sus planes y proyectos», así como al accionista principal. El perito será citado para ratificar su informe.

La Audiencia Nacional citará en los próximos días al ex presidente de la entidad financiera, y exige también una serie de documentos a Spencer Stuart (Head Hunter) a fin de que comprobar si fue contratada por Reyes Calderón, en nombre o representación o como consejera de Banco Popular, indicando la fecha en que realizó la primera visita o contacto, la persona con la que mantuvo conversaciones o negociaciones y sus fechas, así como el objetivo de su encargo, datos que facilitó e información sobre la entidad, indicando si formalizó el encargo, por cuenta de quién se hizo, su importe, con entrega del contrato en su caso, justificante de pago y fecha de formalización.

También exige a PriceWaterHouseCoopers, PwC, aportar a autos el informe limitado de auditoría de Banco Popular a cierre de marzo de 2016.

Además, pide a Banco Popular aportar las actas del consejo de Administración de las reuniones entre el 28 y 30 de noviembre de 2016, cuando se preparaba ya el cambio de Ángel Ron por Emilio Saracho. También se piden las actas de los consejos del 1 de diciembre de ese año, el del 20 del mismo mes y el del 20 de febrero, cuando se produjo oficialmente el cambio, que después sería sometido al voto de los accionistas.

La CNMV tendrá que calcular el valor de Banco Popular si no se hubiera producido la actuación de Saracho

La CNMV tendrá que designar dos peritos para indagar sobre las posiciones bajistas en Banco Popular y comprobar si hubo existencia de un «ataque de cortos». Además, tendrá que presentar el valor teórico de las acciones que hubiera resultado de no haberse producido la actuación de Saracho.

Según la querella, publicada por este diario, el cambio en el consejo respondió a una estrategia para depreciar maliciosamente y a su factor la cotización de las acciones del banco presidido entonces por Emilio Saracho. Según la AEMEC, esta estrategia se ha realizado mediante filtraciones de información relevante para su cotización, maquinando y manipulando la misma, a la que tendrían acceso habida cuenta sus cargos, junto a la creación de tensiones entre los consejeros de administración y el presidente del tal órgano.

«Se pretendía crear una situación prácticamente insostenible que necesariamente ha conducido a la destitución del que fuera presidente del Consejo, Ángel Ron, y el nombramiento de un nuevo presidente, Emilio Saracho, cuya gestión ha concluido con la venta de la entidad al Santander por el precio de un euro.

Filtraciones de información sesgada a El Confidencial y Expansión

Según la demanda, para depreciar el valor se trasladaban manipulaciones derivadas de informaciones sesgadas filtradas a la prensa. «Todo ello, ha podido conducir de manera decisiva a la intervención del Popular, y a la depreciación a valor cero de las acciones, en detrimento de todos los accionistas», continúa. Entre las informaciones publicadas destacan las que se hacen eco de las posiciones bajistas en el Popular, que llegaron a superar el 12% en fechas cercanas a la intervención.

Antes de la llegada de Saracho, los ratios de capital estaban 400 puntos por encima de lo requerido por el BCE, aunque se reduciría a partir de 2019 debido a la nueva normativa contable.

Las pérdidas de casi 3.500 millones de euros estaban auditadas por dos de las cuatro grandes, EY y PwC. Asimismo, dentro de la estrategia de Ron se incluyeron desinversiones, como WIZink y Total Bank, entre otros. Con Ron se llevó a cabo un fuerte ajuste de oficinas y plantilla, con el despido de cerca de 3.000 trabajadores en un plan de bajas incentivadas. Según la AEMEC, de haberse llevado a cabo toda la estrategia, el Popular hubiera solventado la situación y no se hubiera visto abocada a la liquidación.

De hecho, afirma que el origen de la ruina del Banco Popular no se encuentra en 2016, sino en la guerra interna dentro del seno del consejo, a finales de 2016, con el punto álgido en enero del 2017, así como pudiera ser «otro entramado de intereses relacionados con las posiciones en corto«.