La Audiencia Nacional procesa a Iberdrola Generación por alterar los precios de la luz

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado procesar a Iberdrola Generación, filial de la multinacional española Iberdrola, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5 % durante el invierno de 2013. Este sábado también se ha conocido que ha sido multada en México con 435 millones de euros, mientras que prosigue la imputación de su presidente y CEO, Ignacio Sánchez Galán, por el caso Villarejo.

En el auto, fechado el pasado 26 de mayo y al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 2 también acuerda proseguir la causa respecto a cuatro personas físicas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía en el momento de los hechos.

Según explica el magistrado, la decisión se produce después de evaluar el último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras las «numerosas diligencias» practicadas, se ha acreditado «indiciariamente» el «artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía Iberdrola» en esas fechas.

Para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, Iberdrola Generación, «sin causa legítima que lo justificara, ofertó la energía eléctrica procedente de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo por encima del precio de mercado diario».

Esta circunstancia «impidió casar las operaciones», prosigue el fiscal, quien denuncia que la situación «determinó la retirada de programación» de estas centrales, que dejaron de producir energía.

«Iberdrola, quebrantando así el orden de mérito de las centrales, provocó la reducción de producción (…) y consiguientemente que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior», expone el informe.

En concreto, el rango de precios «más elevado» estaría situado «entre los 80/90 euros» frente a la media que marcaría la energía proveniente de las centrales hidráulicas, entre «45/55 euros».

La consecuencia de las acciones fue «la subida del precio de la energía eléctrica en, aproximadamente, 7 euros el megavatio/hora (MWh)», lo que generó un perjuicio a la demanda que alcanzó los 105 millones de euros, en opinión de Anticorrupción.

A ojos de la Fiscalía, los hechos pueden constituir un posible delito contra el mercado y los consumidores, que recoge el Código Penal.

Éste hace alusión a la detracción del mercado de «materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores».

CUATRO CARGOS PROCESADOS

El auto del juez también se remite al expediente sancionador en el que la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fundamentó su propuesta de sanción de 25 millones de euros a la compañía por «una conducta intencional tendente a alterar el precio de la electricidad».

Por todo ello, el magistrado acuerda continuar la causa también respecto de quienes fueran entonces director de gestión de la energía, Ángel Chiarri; responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.

La decisión, que todavía puede ser recurrida por las partes, da a las acusaciones un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral.