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La CNMC multa a Endesa por firmar un contrato con un muerto

La CNMC multa a Endesa por firmar un contrato con un muerto

10 marzo, 2020
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Actualizado: 10 marzo, 2020 11:04
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La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa con 300.000 euros por incumplir los requisitos establecidos para formalizar contratos de suministro, como recabar el consentimiento presencial del cliente, y que le llevaron a hacer tres contratos con un usuario fallecido.

La CNMC inició la investigación a raíz de una denuncia de un particular en la que alertaba del cambio de suministrador sin consentimiento en tres viviendas de las que era heredero.

Al comprobar el aumento de los importes de las facturas, se percató de que se había cambiado el suministro de Endesa Energía XXI a Endesa Energía, es decir, del mercado regulado al mercado libre, y que, además, habían modificado la tarifa aplicable, la potencia y la tensión de los suministros.

Según la misma fuente, tras la investigación, ha quedado acreditado que Endesa Energía no cumplió con los requisitos establecidos para la formalización de contratos, al suscribir tres contratos de manera supuestamente presencial con una persona que había fallecido más de cuatro meses antes de la formalización de los mismos.

También se ha comprobado que no coincidían las firmas de los contratos y de la persona fallecida. Además, la devolución de los puntos de suministro con la comercializadora (regulada) comportaba un reconocimiento tácito del cambio irregular.

Por estos hechos, la CNMC considera que Endesa Energía es responsable de tres infracciones graves por el incumplimiento reiterado de los requisitos establecidos para la formalización de contratos de suministros de energía eléctrica, así como de las condiciones de contratación y apoderamiento de los clientes.

En 2019, la CNMC impuso multas a las comercializadoras de electricidad y gas que se acercaron a los 2 millones de euros por incumplir las medidas de protección al consumidor, formalización de contratos de electricidad y gas sin contar con el consentimiento de los particulares. En 2017 y 2018, las sanciones superaron el 1,6 millones. 

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