La construcción resiste al coronavirus con 360.000 empleos directos en activo

El estado de alarma por la crisis del coronavirus ha frenado la actividad económica y provocado una oleada de ERTE en casi todos los sectores, pero el de la construcción mantiene buena parte de su actividad, con 150.000 viviendas aún en ejecución que dan empleo directo a unos 360.000 trabajadores.

Dado que por el momento el Gobierno no ha decretado la paralización de las obras, la «gran mayoría» de las empresas está apostando por mantenerlas abiertas, con las correspondientes precauciones para evitar contagios, según ha dicho a Efe el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) y director gerente de los promotores madrileños (Asprima), Daniel Cuervo.

Según sus cálculos, en este momento hay obras activas en distintas fases de ejecución para la construcción de 150.000 viviendas, valoradas en entre 37.000 y 38.000 millones de euros, según los precios medios actuales de la vivienda nueva.

A los 360.000 puestos de trabajo directos que supone esa actividad, se suman los indirectos vinculados al transporte de materiales, suministros, personal comercial y de oficinas, lo que eleva la cifra a 400.000 empleos.

MADRID, ANDALUCÍA, CATALUÑA Y VALENCIA ACAPARAN LAS PROMOCIONES

A la cabeza en la construcción de viviendas está la Comunidad de Madrid, con unos 32.000 pisos nuevos en marcha (el 20,7 %), seguida de Andalucía, con 31.700 (20,2 %), Cataluña, con 20.175 (12,8 %) y la Comunidad Valenciana, con unas 16.300 (10,4 %), según APCESpaña.

Por provincias, a Madrid (20,7 %) le siguen Barcelona, con unas 16.200 viviendas en construcción (10, 3 %), Málaga, con 14.400 (9 %) y Alicante, con 8.700 (5,5 %) y Valencia, con 6.500 (4 %).

GOTEO DE SUSPENSIONES EN LA OBRA PÚBLICA

También en la obra pública -aquella en la que interviene la Administración- la intención es no parar, aunque fuentes del sector prevén un goteo de peticiones de suspensión por parte de los contratistas en los próximos días, en función del número de trabajadores infectados y de los problemas de abastecimiento a los que se enfrenten.

La limitación de entrada de materiales desde Portugal dificulta el suministro, por ejemplo, de la ferralla o armaduras de acero que se utilizan para reforzar las estructuras de hormigón.

Desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), uno de los grandes licitadores de obra pública, confirman a Efe que ya han recibido peticiones de suspensión, aunque subrayan que la mayoría de los contratistas quieren continuar y que obras como las de la emblemática construcción de la nueva estación de Chamartín «funcionan con normalidad».

Tras la decisión la semana pasada del Ayuntamiento de Barcelona de paralizar las obras en la vía pública, mañana se suspenderán los contratos de obra y servicios encargados por la Generalitat o su sector público, salvo aquellos que se consideren de emergencia o estratégicos.

LOS ARQUITECTOS, A FAVOR DE PARAR LAS OBRAS

El CSCAE (Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España), el CGATE (Consejo General de la Arquitectura Técnica de España) y el CITOP (Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas), que representan a unos 110.000 profesionales colegiados, han enviado una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que reclaman una suspensión temporal en las obras de construcción.

Para limitar el impacto económico y social plantean, no obstante, que se contemplen excepciones donde el mantenimiento de la actividad sea posible, así como preparar una reactivación rápida del sector.

LA MOROSIDAD SE AGRAVARÁ

Entre los problemas que están surgiendo, la patronal de reformas Andimac denuncia el agravamiento de la morosidad de las empresas constructoras con el distribuidor y de éste con el fabricante.

Según su secretario general, Sebastián Molinero, este lunes ha comenzado una «creciente avalancha de aplazamientos de pagos que la próxima semana puede alcanzar cotas del 70 al 75 % de la capacidad productiva».

Molinero recuerda que, aunque el límite legal de morosidad es de 35 días, en la construcción se sitúa en más de 90, con lo que, en la situación actual y «en virtud de la tipología de obra, se pueden alcanzar plazos de pago de más de 160 días».

A su juicio, es fundamental que el Gobierno tenga eso en cuenta a la hora de dotar de liquidez al sistema, si no quiere que colapse un sector que ronda en términos directos e indirectos el 10 % del PIB y que tiene gran potencial para el reinicio de la actividad económica tras la crisis.