La demanda de la AEMEC contra Antonio del Valle y Saracho por hundir el Banco Popular

La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, ha presentado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional una denuncia contra el ex consejo de Administración del Banco Popular, especialmente contra su ex presidente Emilio Saracho y el ex consejero y magnate mexicano Antonio del Valle.

En su denuncia acusa a los ex responsables de un delito contra el mercado y los consumidores por el «uso de información relevante para la cotización de valores en mercados organizados» por parte de aquellos que han tenido una participación significativa en la gestión del Popular y de un posible delito de «administración desleal«, ambos recogidos en el Código Penal.

La asociación que tiene por objeto la defensa de los intereses de accionistas minoritarios, de cualquier nacionalidad, de sociedades cotizadas en cualquier mercado de valore, dentro o fuera de España ha iniciado acciones judiciales ante la «gravedad de los hechos«.  En el escrito, al que ha tenido acceso Intereconomía.com, se pone de manifiesto la «existencia de un plan perfectamente urdido, destinado a la entrada en el capital del Banco Popular y en su consejo de Administración, para una vez dentro implementar una estrategia –a espaldas de la CNMV– tendente a depreciar maliciosamente y a su factor la cotización de las acciones del banco presidido hasta este miércoles por Emilio Saracho.

Del Valle, beneficiado por las posiciones cortas en el Banco Popular

Según la AEMEC, esta estrategia se ha realizado mediante filtraciones de información relevante para su cotización, maquinando y manipulando la misma, a la que tendrían acceso habida cuenta sus cargos, junto a la creación de tensiones entre los consejeros de administración y el presidente del tal órgano.

«Se pretendía crear una situación prácticamente insostenible que necesariamente ha conducido a la destitución del que fuera presidente del Consejo, Ángel Ron, y el nombramiento de un nuevo presidente, Emilio Saracho, cuya gestión ha concluido con la venta de la entidad al Santander por el precio de un euro.

La maniobra ha dado como resultado las pérdidas de todos los accionistas de la entidad, pero ha dejado un beneficio para quienes vendieron a corto. «El resultado final es la ruina de los titulares de las acciones de la entidad financiera».

La demanda se centra también en Antonio del Valle. El Popular compró el 24,9% del Grupo Financiero Ve Por Más, perteneciente a Antonio del Valle Ruiz, entonces consejero de la entidad financiera. Del Valle fue sustituido después por Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa de Valores de México, que también ha perdido al tener cerca de 170.000 acciones del banco, pero en esa época fue presidente de Grupo Financiero.

La extraña compra del 24,9% de Grupo Financiero, controlado presuntamente por Del Valle

Durante esas fechas, inversores del grupo mexicano compraron el 6,39% del capital del Popular por un total de 450 millones de euros.

Esta inversión se verificó con la ampliación de capital acelerada que aprobó el Popular el 10 de junio de 2013. De hecho, se realizó para dar entrada a Grupo Financiero en la entidad, ya que fue por el mismo importe que habían comprado. En la actualidad, ese 6,39% equivaldría a un 4% actual.

Los demandantes exigen analizar el modo en el que entró el Grupo Financiero, así como si se ha respetado la transparencia e independencia exigidas por la normativa española.

Poco después, el 7 de abril de 2014, Antonio del Valle fue nombrado consejero del Popular en calidad de dominical, cargo que ostentaría hasta el 28 de septiembre de 2016, tras ser sustituido por su primo y presidente del consejo de administración, Jaime Ruiz Sacristán, que tuvo el cargo hasta la liquidación y rescate.

Según la denuncia, «hay razones para pensar que tal grupo estaba constituido, no con una estructura societaria, sino como un conglomerado heterogéneo de accionistas, del que no se ha podido acreditar ni su identidad ni tampoco el porcentaje de su participación accionarial». Todo ello respondería al objetivo de que sus actividades no fueran sometidas al control de la CNMV.

Según la AEMEC, los mexicanos realizaron una estrategia conjunta, con voto unánime y en la misma dirección, así como que la dinámica puesta en marcha para desacreditar el valor de cotización del Popular ha repercutido directamente en los intereses de los accionistas, y cuyo objetivo es posible que fuera el enriquecimiento propio, manipulando elvalor de la acción del Popular.

Estas operaciones no se encuentran en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni tampoco se ha constatado en documento alguno quienes eran los titulares del paquete accionarial liderado por Antonio del Valle y que les había dado derecho a sentarse en el consejo. Según la CNMV, Ruiz Sacristán, con un 0,04% del capital del Popular, era el representante de Grupo Financiero en el consejo.

«Es razonable la sospecha, de que pudo ser desplegada en el seno de Banco Popular una estrategia consistente en filtrar a los medios como El Confidencial o Expansión y otros, información relevante y confidencial que coinciden temporalmente con la entrada de Del Valle en el consejo de Administración», afirma la demanda.

En este sentido, recuerdan el deber de sigilo de un consejero de una entidad cotizada, donde está vetado revelar, comunicar, filtrar, divulgar información confidencial a través de los medios de comunicación, incluido Internet o cualquier otro medio. «Es obligación del consejero velar por el interés superior de la sociedad», asegura.

En este sentido, destaca que esta infracción y vulneracion del interés superior del Popular da base a pensar en una estrategia de toma de control del Banco Popular mediante la remoción de su presidente -entonces Ángel Ron- o de una «desmedida ganancia» a costa del resto de accionistas, a través de operaciones financieras conocidas como bajistas o en corto. Las filtraciones se realizaron después de tomar prestadas las acciones para poder aprovechar el desplome y obtener así el beneficio.

Filtraciones de información sesgada a El Confidencial y Expansión

Según la demanda, para depreciar el valor se trasladaban manipulaciones derivadas de informaciones sesgadas filtradas a la prensa. «Todo ello, ha podido conducir de manera decisiva a la intervención del Popular, y a la depreciación a valor cero de las acciones, en detrimento de todos los accionistas», continúa. Entre las informaciones publicadas destacan las que se hacen eco de las posiciones bajistas en el Popular, que llegaron a superar el 12% en fechas cercanas a la intervención.

Antes de la llegada de Saracho, los ratios de capital estaban 400 puntos por encima de lo requerido por el BCE, aunque se reduciría a partir de 2019 debido a la nueva normativa contable.

Las pérdidas de casi 3.500 millones de euros estaban auditadas por dos de las cuatro grandes, EY y PwC. Asimismo, dentro de la estrategia de Ron se incluyeron desinversiones, como WIZink y Total Bank, entre otros. Con Ron se llevó a cabo un fuerte ajuste de oficinas y plantilla, con el despido de cerca de 3.000 trabajadores en un plan de bajas incentivadas.

Según la AEMEC, de haberse llevado a cabo toda la estrategia, el Popular hubiera solventado la situación y no se hubiera visto abocada a la liquidación.

De hecho, afirma que el origen de la ruina del Banco Popular no se encuentra en 2016, sino en la guerra interna dentro del seno del consejo, a finales de 2016, con el punto álgido en enero del 2017, así como pudiera ser «otro entramado de intereses relacionados con las posiciones en corto».

La amistad entre Saracho y del Valle, compartiendo cargo en JP Morgan

Asimismo, destaca la amistad entre Del Valle y Saracho, tanto por sus relaciones empresariales anteriores, como por haber compartido puesto de trabajo de JP Morgan, al que Saracho encargó buscar comprador del Popular por 20 millones de euros mas una comisión del 1% por el importe de la venta.

Con Saracho oficialmente en la presidencia de la entidad financiera se impidió llevar a cabo la estrategia de salvación propuesta por Ron, y la inacción ha sido la tónica, con tan solo una operación valorada en 65 millones de euros en tres meses. Esta falta de estrategia hace sospechar de que Del Valle y su grupo pudieron beneficiarse con la caída del Popular.

Entre otros hechos, llama la atención la falta de un plan estratégico para levantar el banco, o al menos intentarlo, y que el 10 de abril de 2017, con el Popular en los 0,8 euros por acción, «estaba caro», lo que choca frontamente con el ánimo del Mercado de Valores y con el deber de un gestor de maximizar los beneficios de la empresa que gestiona.

Asimismo, choca también el anuncio de una ampliación de capital sin concretar ni el fin, ni fechas, ni cuantías ni detalles propios de la operación, un hecho impensable en cualquier cotizada.

Ángel Ron, una víctima del turbulento proceso de destrucción del Popular

En la demanda se señala a Ron como «una víctima del turbulento proceso de destrucción del Popular puesto en marcha por el denunciado, de la manipulación de la información privilegiada y su filtrado a la prensa, junto con el ataque especulativo de cortos». La acción pasó así de los 5,48 euros en la llegada de Del Valle a los 0,32 euros en su último día de cotización y posteriormente a cero.

Reyes Calderón, vinculada con el grupo de inversores mexicano, buscó al sustituto de Ron de forma irregular, iniciando contactos con un «head hunter», un despacho de abogados especializado en gobierno corporativo y en la conveniente apertura del Plan de Sucesión, por lo que pidió al consejo una opinión formal favorable sobre la conveniencia de iniciarlo.

Ana María Molins puso una rotunda queja por este proceder, ya que se arrogaron competencias de la Comisión de Nombramientos, Gobierno y Responsabilidad Corporativa sin previa convocatoria y constitución, y a sus espaldas. Reyes Calderón se ha extralimitado en sus funciones, tanto en su calidad de consejera coordinardora como de presidenta de dicha comisión.

La rotunda queja contra Reyes Calderón por la sustitución de Ángel Ron

Asimismo, la AEMEC ha recordado que ya interpuso dos denuncias en abril y mayo de este mismo año ante la CNMV, sin que el regulador haya dado a conocer aún el estado de la investigación más allá de un escueto comunicado en el que asegura que está indagando sobre el asunto.