La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó este viernes una actualización de su lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada con 68 nuevas firmas, entre ellas cuatro españolas. Lo que realmente llama la atención es que entre las españolas figura Ineco, la empresa pública de ingeniería y consultoría propiedad del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, tras la agresiva campaña de su ‘p… amo’, Pedro Sánchez, contra Israel, país al que acusa de genocidio y sobre el que ha decretado un embargo, haciendo cruzada en la propia ONU contra la nación judía.
Tras ser ‘pillada’ por la ONU por segunda vez, Ineco dice ahora que desde hace tiempo ha renunciado a buscar nuevos negocios en Israel, e incluso se plantea la opción de evaluar las implicaciones jurídicas de cancelar de forman anticipada los contratos que aún tiene vigentes en ese país, todos anteriores a 2023, cuando Sánchez ya llevaba cinco años gobernando en España, es decir, un tiempo suficientemente razonable para proceder a su cancelación.
La lista de 2023, en la que ya aparecía Ineco, incluía 97 empresas, de las que siete quedan eliminadas, por lo que ahora son un total de 158, en su mayoría israelíes (138), aunque también hay seis de EE. UU., dos de Francia y otras dos de Reino Unido, además de las cuatro españolas.
Se trata de la Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI); Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles (CAF), participada por el Gobierno vasco del PNV-PSOE; e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco), de acuerdo con la lista de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que además incluye en un grave error del informe a ACS.
Accionariado de la empresa pública Ineco
El capital de Ineco se lo reparten otras empresas públicas todas ellas dependientes del Ministerio de Transporte de Óscar Puente: Enaire, que gestiona el tráfico aéreo; Adif, que gestiona la infraestructura ferroviaria convencional; Adif-Alta Velocidad, que administra las líneas ave, y Renfe, el operador público de los trenes en España.
No solo la empresa Ineco está en la lista negra de la ONU por trabajar para Israel. También figura CAF, donde uno de sus accionistas de referencia es el Gobierno vasco de PNV-PSOE
Las cuatro han participado en proyectos ferroviarios en Israel, en especial en la red de tranvía de Jerusalén, que une esta ciudad en algunas de sus líneas con paradas en territorios ocupados.
Ineco también trabaja para Israel en estudios y proyecciones de adaptación al cambio climático y sus efectos para el nuevo Aeropuerto Internacional, así como en servicios de navegación aérea a la autoridad aeroportuaria.
Otras firmas no israelíes destacadas en la lista son las plataformas de reserva online estadounidenses Expedia, Airbnb y Booking; la también norteamericana Motorola; la empresa de ingeniería francesa Egis y su filial ferroviaria; o las británicas JCB y Greenkote, del sector de la construcción.
La lista no lleva asociadas sanciones, su carácter es simplemente informativo, aunque la oficina de la ONU pide a las empresas incluidas que «tomen medidas adecuadas para abordar el adverso impacto en los derechos humanos» de sus actividades.
Según el alto comisionado Volker Türk, al frente de la oficina de Naciones Unidas, la lista subraya la necesidad de que se asuman responsabilidades y se cumpla la debida diligencia a la hora de operar en contextos de conflicto, «con el fin de garantizar que las actividades no contribuyen a abusos de derechos humanos».
La ONU insta a países como España a tomar medidas al respecto
La oficina también anima a los 11 Estados con empresas en la lista (los arriba citados más Portugal, Canadá, Alemania, China, Luxemburgo y Países Bajos, con una firma cada uno) a tomar medidas al respecto.
«Deben garantizar con medios judiciales, administrativos, legislativos u otros que cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales dentro de su territorio o bajo su jurisdicción, las personas afectadas tengan acceso a remedios efectivos», destacó.
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió en 2024 información sobre hasta 596 empresas posiblemente involucradas en actividades en la Cisjordania ocupada, pero sólo pudo estudiar -hasta el momento- una tercera parte del total.
Todas las empresas de las que se habían presentado alegaciones fueron informadas sobre ello y fueron invitadas a colaborar, destacó el organismo de la ONU, aclarando que su mandato no incluye estudiar actividades en Gaza.
El Consejo de Derechos Humanos encargó en 2016 a la oficina la elaboración y actualización de esta lista alrededor de actividades que incluyeran el abastecimiento de materiales para la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de viviendas y propiedades de los palestinos, actividades de vigilancia, uso de recursos naturales, u operaciones que contaminaran localidades palestinas.
Empresas que salen de la lista
Entre las empresas que han salido de la lista tras figurar en la de 2023, al considerarse que ya no llevan a cabo alguno de esos tipos de actividades en los asentamientos ilegales, se encuentran la francesa Alstom o la plataforma de reservas eDreams ODIGEO, actualmente con sede central en España, aunque en la primera versión de la lista (de 2020) figuró como firma de Luxemburgo.
Las nuevas empresas incluidas con la actualización de 2025 se dedican principalmente a actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la minería, sectores a los que ha dado prioridad la ONU en sus recientes pesquisas, mientras que en su próxima actualización primarán las del sector de la seguridad.
En 2020, poco después de que la ONU publicara su primera versión de la lista, el Gobierno palestino aseguró que daría tiempo a las empresas extranjeras que operan en asentamientos ilegales israelíes para que cesasen esas actividades y, que de no hacerlo, se les podría exigir una indemnización.
