La Fiscalía da carpetazo al caso de FCC pese a ver incumplimiento de contrato

La Fiscalía da carpetazo al caso de FCC pese a ver incumplimiento de contrato

16 enero, 2018
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Actualizado: 16 enero, 2018 14:57
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La Fiscalía ha dado carpetazo a la investigación al servicio de limpieza de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en Barcelona y Badalona (Barcelona), donde se reclaman cerca de 15,3 millones de euros. La constructora fue acusada de fraude y la Fiscalía ve incumplimiento de contrato, pero sin enriquecimiento.
A juicio de la Fiscalía, FCC no actuó buscando un enriquecimiento ilícito, si bien no descarta que pueda haber incumplimiento contractual. En sendas resoluciones, a las que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía acuerda el archivo de la investigación, que abrió a raíz de las denuncias interpuestas por los consistorios de Barcelona y Badalona tras una información periodística que apuntaba a un supuesto fraude por parte de FCC, a la que se atribuía haber manipulado los datos de facturación de sus servicios de limpieza para inflar sus ingresos.
En el caso de Badalona, el Ayuntamiento, en manos de la CUP y Podemos, se abrió un expediente sancionador a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) después de que una investigación municipal apuntara que la constructora había facturado, entre 2010 y 2015, los servicios de limpieza y recogida de residuos con sobrecostes que ascienden a 12 millones de euros.  En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento, en manos de Podemos, reclamó 3,3 millones de euros a FCC por facturar servicios no realizados y por incumplir el contrato de limpieza y recogida de residuos.
Tras su investigación, la Fiscalía ha concluido que los datos de una auditoría externa encargada por FCC, que no han sido desvirtuados por el consistorio -en este caso el de Barcelona- ponen de manifiesto «que no se habría actuado con la finalidad de un enriquecimiento propio en perjuicio del Ayuntamiento».
Para el ministerio público, no se han hallado «indicios bastantes» para considerar «debidamente justificada» la perpetración de los delitos que dieron lugar a la apertura de la investigación, «sin perjuicio de que pueda existir un incumplimiento contractual por parte de la empresa adjudicataria, en base al que poder exigir una responsabilidad económica de carácter objetivo».
La Fiscalía sostiene en sus escritos que los datos recabados en su investigación demuestran «una disposición de personal globalmente por encima de la programada, pero que no determina los servicios certificados por día, turno y centro de trabajo, lo que puesto en relación con la posible negligencia detectada por parte de la empresa adjudicataria a la hora de comunicar las incidencias, no descartaría la existencia de un incumplimiento contractual». Según la Fiscalía, no existe «indicio alguno» en base al que atribuir a la contratista la comisión de «algún ilícito penal, debiéndose reconducir las irregularidades que se hayan podido detectar durante la sustanciación del expediente informativo al ámbito del derecho administrativo sancionador».
 

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