La Fiscalía investiga a Endesa Chile por pago a políticos

El Ministerio de Justicia de España, a instancias de la Fiscalía Anticorrupcíon  y la Udyco,  ha enviado un requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile donde se detalla una serie de antecedentes que, según la justicia hispana, podrían configurar un presunto delito de cohecho internacional por parte de Endesa, presidida por Borja Pardo, en Chile, según informa el diario chileno La Tercera

En ese requerimiento, al que tuvo acceso dicho diario, se detalla que la empresa está siendo investigada porque “el grupo de trabajo de la OCDE sobre Corrupción de Funcionarios Públicos en las Transacciones Comerciales Internacionales, citando como fuente al diario digital chileno El Ciudadano en su edición del 16 de abril de 2015, se desvelará que, supuestamente, las empresas Enel y Endesa habrían donado 3,5 millones de dólares a algunos políticos chilenos durante la campaña electoral de 2013, para obtener determinados permisos para la implementación de una central hidroeléctrica en el territorio de Neltume”. 

Según informó públicamente la empresa el año pasado, Enel aprobó aportes legales a campañas políticas en 2013 por 3,5 millones de dólares. Concretamente se trató de 1 millón de dólares para Endesa Chile y otros 2,5 millones correspondientes a Enersis, según La Tercera. 

El proyecto Central Neltume, con una inversión por 780 millones se instalaría en la Región de Los Ríos, pero en la actualidad está paralizado por las protestas de los habitantes de la zona. El proyecto esta en fase de rediseño para que sea aceptado por esa comunidad. 

El escrito de la fiscalía española, según La Tercera, afirma que “el documento de la OCDE señala que existen en Chile investigaciones en curso sobre estos hechos. Sin prejuzgar la realidad última de tales hechos, procede aclarar que, aunque los mismos aparecen indiciariamente cometidos en Chile, la jurisdicción española podría ser también competente para investigar parte de los hechos, si los mismos hubiesen sido ejecutados por un ciudadano español, chileno o de otra nacionalidad (…), salvo que tales personas se encuentren sometidas a un procedimiento judicial en curso en Chile”.  

Requerimientos de información

En el informe del fiscal español Juan Pavía Cardell se requiere todos los antecedentes que estén en manos de las autoridades chilenas. En concreto, apuntan desde este periódico, se solicita comprobar “si es que existe o ha existido algún procedimiento judicial en Chile o alguna investigación a cargo de la Fiscalía Nacional o de otra autoridad competente chilena, en relación con la sociedad española Endesa S.A. (u otra sociedad participada por esta), por hechos que pueden constituir algún acto directo o indirecto de corrupción de funcionarios públicos o autoridades de Chile ejecutados por parte de directivos o empleados de dicha sociedad, con el fin de obtener o conservar algún contrato o negocio de la Administración Pública”. 

Se requiere además, según el escrito, que en caso de que exista una indagatoria judicial al respecto, Chile realice un resumen de los hechos que sean o hayan sido objeto de investigación. Asimismo, se solicita detallar el lugar y tiempo en que tales hechos hayan acontecido y otras circunstancias que puedan ser relevantes a juicio de la autoridad a cargo del caso. 

También se pide que “si en el curso de la investigación se ha identificado algún ciudadano español que presuntamente haya intervenido en los hechos, se entregue su identidad completa, así como que se confirme si el procedimiento seguido en Chile se dirige o va a dirigirse contra esa persona”, apuntan desde el mismo periódico 

A ello se suma la petición a Chile de informar si es que en el curso de la investigación se ha detectado algún presunto acto de corrupción realizado desde el territorio español. 

Investigación en Chile 

Este informe fue remitido a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Ucix) de la Fiscalía Nacional chilena, institución que lo dervió a la Fiscalía Centro Norte, donde se determinó abrir una causa penal contra Endesa, señala La Tercera. La investigación está a cargo de la jefa de la Unidad de Alta Complejidad Ximena Chong, quien ordenó a la PDI requerir la entrega voluntaria de la contabilidad de la empresa desde 2009 a la fecha y las rectificaciones que hizo la firma ante el Servicio de Impuestos Internos (SIII) durante el mismo periodo. 

Según informó Endesa el año pasado, mediante un comunicado, el monto corregido ante el SII ascendió a 276 millones de dólares por pagos realizado entre 2012 y 2015, argumentando que  carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. Entre los pagos rectificados por Endesa el año pasado figuran el recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; el ex senador de RN Ignacio Pérez Walker y el abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial Pedro Yaconi, según dicho medio chileno.