La Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado que se procese y se deje a un paso de juicio al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por la supuesta utilización de falsos autónomos.
Según ha avanzado este viernes ‘eldiario.es’ y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, a la vista de las diligencias de investigación realizadas durante la instrucción, el ministerio público considera que existen «indicios suficientes» de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.2 del código Penal.
Pierre estaba bajo una investigación a raíz de la denuncia que la Fiscalía presentó contra él por un delito contra los derechos de los trabajadores, por mantener a sus repartidores como autónomos pese a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y las sentencias del Supremo que establecen que los ‘riders’ se ven como empleados por cuenta ajena.
La petición de la Fiscalía para ir a juicio difiere a la de la defensa de Pierre, ejercida por el abogado Cristóbal Martell, que el pasado mes de julio solicitó a la jueza el archivo de la causa.
En su escrito, el empresario arremetió contra la Inspección de Trabajo acusándola de actuar con «sesgo y afán recaudatorio» y defendió que su modelo de relaciones con los repartidores era plenamente legal en España.
Glovo anunció un cambio en su modelo laboral para empezar a contratar a sus repartidores
A partir de la aprobación de la llamada «ley Rider» que regula el trabajo de los repartidores de plataformas digitales, añadía el escrito, Glovo cambió su relación laboral y «fue implementando progresivamente cambios» hasta apostar por un «modelo de relaciones jurídico-mercantiles con sus repartidores, perfectamente válido, en cuanto que legal en España».
La causa cuenta también con la acusación popular ejercida por el sindicato CGT, que ya se opuso al archivo de la investigación argumentando que la empresa impuso «condiciones ilegales» de forma continuada.
El directivo declaró como investigado el pasado mes de diciembre ante la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, donde insistió en la legalidad del sistema. No obstante, tan solo un día antes de esa comparecencia judicial, Glovo anunció un cambio en su modelo laboral para empezar a contratar a sus repartidores, un movimiento que Pierre justificó en los juzgados por la necesidad de buscar la «paz social» y evitar más litigios.
Tras la solicitud formal del Ministerio Fiscal para dar por finalizada la fase de instrucción, la decisión queda ahora en manos del juzgado instructor, que deberá resolver las peticiones de las partes y determinar si dicta formalmente la apertura de juicio oral para sentar a Pierre en el banquillo.
La investigación arrancó en julio de 2024, cuando el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona dictó la apertura de diligencias previas tras la denuncia de Fiscalía dirigida contra el fundador y consejero delegado de Glovo.
