La Fundación Enresa simuló sus subvenciones como contratos

La Fundación Enresa simuló sus subvenciones como contratos

22 diciembre, 2016
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Actualizado: 22 diciembre, 2016 6:08
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El Tribunal de Cuentas ha alertado de que la Fundación Enresa calificó como contratos adjudicados por procedimiento negociado con publicidad lo que en realidad eran subvenciones a ayuntamientos.

Así lo ha denunciado el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados para informar de la Cuenta General del Estado de 2013 y otros informes, entre ellos la contratación de empresas estatales no financieras y fundaciones estatales.
En este último informe, relativo al ejercicio 2012, se incluye el apunte sobre la Fundación Enresa, que en la documentación remitida al Tribunal clasificó como contratos lo que en sus archivos había considerado como convenios de colaboración. Ese año, Enresa estaba presidida por Francisco Gil-Ortega, exalcalde de Ciudad Real y hombre de confianza de María Dolores de Cospedal, Tuvo que dimitir por quere adjudicar de forma irregular el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC). Su difrector de televisión era el conocido periodista Carlos Dávila.

La Fundación Enresa entrega el dinero sin nada a cambio, por lo que el Tribunal de Cuentas considera esos cobntratos como subvenciones encubiertas

A esto añade el Tribunal que estos acuerdos, normalmente suscritos con entidades públicas, no se ajustaban a la figura jurídica de convenio de colaboración, sino que «se trataba de entregas dinerarias de la Fundación, no acompañadas de aportación alguna por parte de las restantes entidades», es decir, «subvenciones».
El informe de fiscalización de la contratación de los ministerios, organismos y otros entes de 2013 revela que «un número relevante de contratos» incluía indebidamente entre los criterios las características de las empresas e incorporaban límites máximos en la valoración del criterio precio, lo que según el Tribunal podría desincentivar las bajas razonables.
Observa también «deficiencias» en el cálculo de los presupuestos de licitación y alerta de que «la mayoría de los contratos de obras» firmados incurrieron en retrasos y modificaciones contractuales que alteraron los costes y plazos.

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