La guerra abierta por los terrenos de Delphi en Cádiz

El administrador concursal de Delphi y la Autoridad del Puerto de Cádiz han iniciado una guerra por los terrenos de la compañía que puede acabar en los tribunales.

Según la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, los terrenos de Delphi podrían llegar a ser expropiados y ocupados de forma urgente en pro de un interés público. Los administradores concursales de Delphi se niegan a aceptar el precio ofrecido, ya que consideran que es bajo, y amenazan con llevar el asunto a un arbitraje económico.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz, José Luis Blanco, ha advertido hoy a los administradores concursales que gestionan los terrenos de la extinta Delphi en Puerto Real (Cádiz) de que el proyecto es de interés público y puede conllevar la expropiación y ocupación urgente.

Según ha explicado en rueda de prensa durante un desayuno navideño con los periodistas, el puerto de Cádiz ofreció a la administración concursal de Delphi una cantidad en torno a los tres millones de euros para hacerse con los terrenos que permanecen vacíos desde que la compañía de automoción cerró su fábrica en 2007.

«Puertos del Estado está de acuerdo en la cantidad y está pendiente de terminar un informe que debe remitir a la Dirección General de Patrimonio para que la Autoridad Portuaria pueda comprar esos suelos», ha detallado Blanco.

Pero los administradores concursales que gestionan las naves y suelos de Delphi ya han comunicado a los responsables del puerto gaditano que esta operación no será tan fácil. «Dicen que tienen otras ofertas basadas en otras tasaciones, evidentemente, superiores, pero la nuestra se ha hecho con una empresa homologada por el Ministerio de Hacienda«, ha defendido Blanco.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha explicado que la intención es «incluir esos suelos dentro de la delimitación de espacio y uso portuario«, lo cual supone «un interés público», de ahí que pueda conllevar la «expropiación y ocupación urgente».

En este caso, según ha precisado Blanco, sería un tribunal económico el que establecería el precio final a través de un justiprecio, si es que no produce un acuerdo. El presidente también ha recordado a los administradores concursales que en caso de optar por otra oferta tendrían que comunicar a los compradores la intención del puerto gaditano de poner en marcha en esos suelos un proyecto de «interés público».