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El Gobierno librará la guerra por el rescate de las autopistas en los tribunales

El Gobierno librará la guerra por el rescate de las autopistas en los tribunales

06 septiembre, 2017
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Actualizado: 06 septiembre, 2017 11:17
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La guerra por la cuantía a pagar a las constructoras por el rescate de las autopistas quebradas se dirimirá en los tribunales, según ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que rebaja la cuantía de los 3.600 millones apuntada por el Tribunal de Cuentas. 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado este miércoles que dará batalla judicial para fijar la cuantía que deberá pagar el Estado a los tenedores de las nueve autopistas en quiebra en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una cláusula establecida en los contratos de las adjudicaciones y que ahora las constructoras quieren hacer valer.

El ministro ha subrayado que, una vez liquidadas, dichas vías revertirán a su propietario, que es la Administración General del Estado que, «quiera o no quiera», tiene que recibirlas. A partir de ahí, el Gobierno ha decidido volver a licitarlas con el objetivo de obtener unos ingresos con los que minorar la RPA a la que se deberá hacer frente por ley. De esta forma, la visión del Gobierno es que no hay rescate, sino que es un mero «intermediario».

«Vamos a actuar como vehículo intermedio. Recogemos las autopistas porque la ley nos obliga y las volvemos a poner en el mercado. No realizamos ningún rescate, simplemente las ponemos en valor de nuevo», ha dicho De la Serna en declaraciones a TVE.

Respecto a la Responsabilidad Patrimonial, De la Serna ha afirmado que las estimaciones que maneja el Gobierno son «muy inferiores» a las que se barajan por parte del sector y la cantidad de 3.600 millones que estimó el Tribunal de Cuentas. «Nuestras cifras son sensiblemente inferiores», según el ministro, quien ha subrayado que dicha estimación responde a los máximos que vienen en los pliegos de los proyectos de licitación.

El ministro ha apuntado que la RPA se dirimirá en el momento en el que se produzca la liquidación de las autopistas y lo fijará la Administración General del Estado.

En su opinión, dicho valor «acabará seguro en el juzgado» porque los tenedores de la deuda (en su mayoría fondos buitre) no estarán de acuerdo y, por tanto, será el juez quien determine la cantidad exacta a pagar.

Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

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