El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables que había aprobado Zapatero en 2007 y cuya generosidad -llegaban a una retribución fija de más del 7%– puso al borde del abismo al sistema eléctrico español al incurrir en un gran déficit, por lo que Rajoy decidió retirarlas en 2013.
El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.
El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.
Reacción del Ministerio a otro caso en contra de las renovables
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia holandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.
Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente, que se olvida, sin embargo, mencionar que esas primas insostenibles e impagables en el tiempo las decreto Zapatero en 2007 y que pusieron contra las cuerdas al sistema eléctrico español, porque no había forma de hacer frente al pago de las altas rentabilidades por los que lanzaron los fondos internacionales en bloque.
En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85 % y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.
El documento de los abogados holandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.
Fondo Blasket Renewable Investment
El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.
El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.
Fuentes cercanas a los fondos acreedores destacan que el edificio no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido.
En Estados Unidos, siete de las empresas acreedoras han derrotado a España, de tal manera que los tribunales norteamericanos han reconocido una deuda de 688 millones de euros y han autorizado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026, indica la misma fuente.
En total, España debe 2.309 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables y han venido sufriendo los continuos impagos de estas sentencias.
Un caso más perdido por España por la nefasta política energética de Zapatero
Se trata de un caso más perdido por España, cuya factura puede elevarse a los 2.000 millones de euros, por unas insostenibles primas a la renovables concedidas por Zapatero en el año 2007 recogidas en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que garantizaba una rentabilidad fija del 7%. Como era de esperar los fondos de inversión y la industria se lanzó a instalar renovables sin ningún sentido y en total, entre el 2007 y el 2012 se instalaron en España 19.000 MW de renovables, que situó al país como referente internacional en el sector, aunque con un problema muy serio de sostenibilidad económica que hacía inviable el sistema eléctrico español y que disparó la factura eléctrica de hogares y empresas azotados ya por la grave crisis financiera en la que estaba inmersa España tras el paso del líder socialista por Moncloa.
Por esta, y otras tropelías que dejaron a España al borde de la intervención de la Comisión Europea. con un paro del 30%, con cientos de miles de ciudadanos perdiendo sus viviendas y empresarios sus negocios, el líder socialista, ahora apoyo incondicional de Sánchez pregonando por el mundo al gran régimen de Maduro, perdió las elecciones de 2011 frente a una abrumadora mayoría absoluta del PP.
Rajoy puso fin al derroche de Zapatero con las renovables en 2013
Rajoy decidió acabar con el pozo sin fondo de esas primas a las renovables y la normativa española cambió, lo que que supuso un recorte a la retribución del 7% que recibían estas instalaciones durante su vida útil cuando los tipos de interés del BCE estaban al 0,25%.
