La investigación a Iberdrola por supuesta manipulación del precio de luz de 2013 llega a su fin
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dará por concluida la próxima semana la instrucción del caso que investiga si Iberdrola Generación, filial de la eléctrica, cometió un posible delito contra el mercado y los consumidores, al encarecer el precio de la luz un 26,5 % en el invierno de 2013.
En un auto fechado la semana pasada y al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 2 rechaza prorrogar la instrucción de la causa, iniciada a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, con lo que esta fase terminará el 28 de julio.
El escrito del magistrado llega poco después de que los peritos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hayan remitido a la Audiencia Nacional su último informe sobre los hechos, como ha adelantado este martes El Confidencial.
Según fuentes jurídicas consultadas, el informe sostiene que la eléctrica encareció el precio provocando una afección a las comercializadoras del mercado libre.
Sin embargo, el Gobierno frenó el efecto que ello podría tener en el mercado semirregulado del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) al cambiar el sistema de la subasta.
De este modo, quienes experimentaron de forma directa el perjuicio fueron las comercializadoras del mercado libre, que a su vez y previsiblemente, habrían subido las tarifas a sus clientes.
En mayo de 2017 el juez Moreno admitió a trámite la denuncia de Anticorrupción, que acusa a la eléctrica de un delito contra el mercado y los consumidores que habría sido cometido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 por directivos y empleados de Iberdrola Generación, en beneficio de ésta.
A tenor de la Fiscalía, la compañía habría ideado un sistema para incrementar el precio de la energía «más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda», por encima del mercado diario y en busca de un «lucro» millonario.
Para la asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular, Iberdrola incurrió en una práctica delictiva al paralizar las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, para elevar el coste de la energía comercializada en el mercado mayorista y, con ello, las tarifas para el usuario final.
Alegatos que parten del análisis realizado por la CNMC, en virtud del cual impuso a la compañía 25 millones de euros por conducta muy grave en la manipulación del precio de la energía eléctrica.
Entre los motivos por los que acordó dicha multa, el organismo exponía que «la manipulación efectuada por Iberdrola Generación se desarrolla en un contexto en el que el mercado se sitúa ya de por sí en precios altos y en un escenario de elevada demanda».
Esa conducta, proseguía, habría provocado «un incremento del precio del mercado diario estimado en unos 7 euros/MWh», lo que se traduce «en un beneficio propio» de unos 21,5 millones de euros, y en un impacto para el conjunto de la demanda «de unos 105 millones».
La sanción fue suspendida de forma cautelar por la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, encargada de resolver el recurso de Iberdrola.
LA INSTRUCCIÓN TERMINA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES
Tras más de cuatro años, la investigación está a punto de concluir, después de que el juez haya rechazado prorrogar la instrucción de la causa.
El magistrado se remite al informe del Ministerio Público y asegura que «no es necesaria la práctica de nuevas diligencias de investigación» al haberse acordado ya todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
Unos argumentos que también esgrimió la representación legal de Iberdrola Generación, que se opuso a la prórroga por entender «que la investigación estaba enteramente culminada», tal como explicaba en su solicitud de archivo y sobreseimiento.
La decisión del titular del juzgado no es firme, por lo que las partes podrán recurrir si lo consideran oportuno.