La jueza de lo mercantil de Vitoria que gestiona el concurso de acreedores de Tubos Reunidos ha abierto el plazo para que los inversores interesados en la firma presenten un documento mostrando su interés, aunque posteriormente habrá más plazos hasta que tengan que entregar su oferta definitiva.
La jueza ha publicado esta semana dos autos y un documento anexo con las reglas presentadas por el administrador concursal -PKF Attest- para regular el proceso de venta.
En un auto, declara también en concurso voluntario de acreedores a Tubos Reunidos S.A., cabecera del grupo, que como cotiza en bolsa tenía que pasar por la CNMV, y ha nombrado al mismo administrador concursal.
En el otro auto da por comunicadas las reglas que la administración concursal ha presentado para regular el proceso de oferta.
Primero se intentará vender todo el grupo, todo el «perímetro». Así, como señala el documento del administrador, en estos plazos «se van a primar las propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o la compra de todas las compañías».
Si no se consigue, el siguiente paso sería la liquidación, con la venta de la empresa por lotes.
La situación se ha complicado aún más con el registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos Reunidos
De momento, la primera actuación que deberán llevar a cabo los potenciales compradores que tengan interés en participar será el envío de un correo electrónico; una vez recibido el correo en el juzgado, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para mandar una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo.
Después, el paso siguiente sería otro plazo de 30 días hábiles para que los que hayan entregado la carta puedan comprobar el estado de la empresa y hacer lo que se llama «visita de contacto»: acceder a sus cuentas (la ‘due diligence’), visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos.
Si siguen adelante, entonces tendrían que presentar la oferta final, probablemente ya en agosto.
Las instituciones vascas han explicado que en las últimas semanas ha habido inversores que han preguntado por la firma, pero también han insistido en que ninguno dará el paso de invertir en ella hasta que se acuerde una quita de la deuda de 263 millones que acumula, de la que más de la mitad, 150 millones, la mantiene con SEPI.
La situación se ha complicado aún más con el registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos Reunidos en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Si no se logra la quita y un nuevo inversor que se interese por invertir en todo el grupo, el siguiente paso sería la liquidación, con la venta de la empresa por lotes, ya que la situación de las dos fábricas principales, las de Amurrio y Trapaga, es muy diferente: La alavesa está peor que la vizcaína, y de hecho, el ERE que planteó la dirección preveía inicialmente 274 salidas en Amurrio y solo 27 Trapaga.