La JUR afirma que los accionistas y bonistas del Popular no tienen derecho a ninguna compensación

Los afectados del Banco Popular no recibieron un trato peor con la resolución que con una liquidación, según la JUR, que ha decidido de forma preliminar que los accionistas y bonistas de la entidad no tienen derecho a compensación por la operación, que se saldó con la venta del Popular por un euro al Santander y la amortización a cero de acciones y deuda subordinada..

Los clientes del Banco Popular con depósitos de más de 100.000 euros habrían perdido en el escenario más desfavorable 14.000 millones de euros si se hubiese elegido una liquidación al uso en lugar de la resolución, que solo generó pérdidas a accionistas y tenedores de deuda subordinada.

Según el último informe sobre la resolución del Popular, publicado hoy en su versión no confidencial por la Junta Única de Resolución (JUR), una liquidación, en el mejor de los casos y tras un periodo de siete años, habría reducido sus pérdidas a 3.300 millones, mientras que con la resolución salieron intactos.

Los acreedores de renta variable y subordinados, que están en primera línea a la hora de sufrir quitas en un proceso concursal, habrían perdido en todos los casos el 100 % de sus derechos, lo que supone que los afectados por la resolución habrían visto desvanecerse de todos modos el total de su inversión.

Por tanto, dado que los afectados no recibieron un trato peor con la resolución, la JUR ha decidido de forma preliminar que no tienen derecho a compensación por la operación, que se saldó con la venta del Popular por un euro al Santander y la amortización a cero de acciones y deuda subordinada.

Entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros

El informe elaborado por la consultora Deloitte señala que la liquidación de la entidad habría costado entre 23.400 millones y 34.100 millones de euros, cifras muy superiores a los 11.400 millones que costó la resolución, y que pagaron íntegramente accionistas y tenedores de deuda subordinada.

En todos los escenarios de liquidación analizados en el documento se habrían perdido 9.400 millones en capital y 2.000 millones en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones en instrumentos subordinados (deuda intragrupo).

Lo que varía en cada caso son las pérdidas que hubieran tenido que costear el resto de clientes.

En una liquidación en dieciocho meses, el periodo que prevé la ley concursal española y el más improbable según Deloitte, los clientes habrían perdido 8.000 millones en el mejor caso y 14.000 en el peor, es decir,entre el 33 % y 54 % del valor total de sus derechos, respectivamente.

En un periodo de tres años, el mínimo para liquidar activos de una manera eficiente según Deloitte, habrían perdido entre 5.800 y 11.500 millones (el 24 % y 44 %, respectivamente).

Con una reestructuración en siete años, a más largo plazo con el fin de obtener mayor recuperación para los clientes, las pérdidas habrían estado entre los 3.300 y 8.500 millones (el 13 % y 33 %, respectivamente).

Además, el informe señala que una liquidación habría afectado a los depósitos garantizados de la filial del Popular Banco Pastor, que habrían perdido entre el 29 % y 35 % de su valor, obligando a intervenir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este habría tenido que aportar 1.780 millones de euros en el mejor caso y 2.165 en el peor para salvar los depósitos de menos de 100.000 euros.

Así, Deloitte concluye que «en un procedimiento de insolvencia ordinario no se habrían esperado recuperaciones para los accionistas y los acreedores subordinados afectados y, por lo tanto, no hay diferencia en el trato en comparación con la medida de resolución emprendida».

La JUR, que ordenó la resolución, se basa en esta conclusión para considerar que no tienen derecho a compensación conforme a las normas europeas.

No obstante, antes de adoptar su decisión definitiva, el organismo que preside Elke König recibirá las alegaciones de los afectados, que desde hoy y hasta el 14 de septiembre pueden registrarse para pronunciarse.

El grupo de fondos afectados PIMCO, Anchorage Capital y Algebris dijo a través de sus abogados que están «decepcionados pero no sorprendidos» por unas conclusiones que consideran «irrealistas».

«La decisión de la UE de contratar a la misma firma -Deloitte- para la evaluación preliminar hace un año y ahora para el análisis definitivo plantea cuestiones serias sobre la credibilidad de la valoración final», dijo el socio director del bufete de abogados Quinn Emanuel, Richard East.

Los afectados esperaban este informe también para poder defender su caso ante los tribunales españoles y europeos.

El organismo europeo siempre ha mantenido que la resolución se hizo conforme a las normas y fue un éxito puesto que no implicó pérdidas para los depositantes ni los contribuyentes, permitió mantener el negocio y no afectó a la estabilidad financiera.