La liberalización de la estiba desata la guerra entre sindicatos y Gobierno

La liberalización de la estiba desata la guerra entre sindicatos y Gobierno

03 febrero, 2017
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Actualizado: 03 febrero, 2017 15:36
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«Defenderemos los puestos de trabajo por todos los medios. lo intentamos a través del diálogo y nos engañaron», han aseverado los sindicatos de la estiba en un duro comunicado contra el Gobierno por liberalizar el sector, en cumplimiento con una sentencia del TJUE de 2014.
Ante el anuncio del ministro de Fomento de reformar el sistema portuario español de forma unilateral, vía Decreto Ley, al contrario de lo que había planteado su antecesora, Coordinadora, el mayor sindicato de la estiba, «apela a la cordura del resto de grupos parlamentarios e inicia movilizaciones y acciones sindicales».
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha aprobado este viernes el decreto ley de la liberalización de la estiba, sin iniciar el diálogo y reformar el sistema portuario español de forma unilateral.
Para Coordinadora esta decisión ministerial «es una sorpresa absoluta que contradice el compromiso adquirido por su antecesora, Ana Pastor, que solicitó el consenso de todos los agentes del sector para hacer la reforma obligada por el estricto cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
Hasta la fecha, el PP se había pronunciado a favor de la legislación aprobada conjuntamente con el PSOE y valoraba el buen comportamiento del sistema portuario español durante la crisis. Por ello, la anterior titular del Ministerio había requerido a empresas y sindicatos que trabajaran en un proyecto de reforma consensuada. Ante esta petición del Gobierno, Coordinadora, UGT y CC.OO. acordaron con Anesco un documento de “Bases para la reforma” y, en la pasada semana, había suscrito un preacuerdo con la asociación empresarial que contenía el desarrollo pormenorizado que contaba con el apoyo de los grandes operadores nacionales e internacionales de los principales puertos españoles.
La decisión de ruptura del ministro, en la primera y única reunión convocada al efecto, frustra el ejercicio de flexibilidad y entendimiento con los empresarios de los puertos que permitía una salida acordada. «Nos sentimos engañados», ha asegurado Antolín Goya, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, «quieren imponer un Decreto Ley en el que dicen que no hay margen para modificación alguna, no facilitan el documento, toda la comunicación es verbal».
En este sentido, han asegurado que el ministro pone a España al dictado de los funcionarios de la Comisión porque, según dice, España no puede legislar en materia portuaria sino en los términos que le autoricen en Bruselas, incluso, incluyendo restricciones a la negociación colectiva que, «aunque no la consideran necesaria», es una exigencia del gusto de los funcionarios comunitarios. A la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sí que hemos tenido acceso, también nos hemos reunido con la comisaria europea de Transportes, y sabemos que el planteamiento que hace ahora el Gobierno español es mucho más duro para los trabajadores que el fallo de la sentencia.
«Se trata pues, de una maniobra de expediente de extinción de empleo en tres años, subvencionada con fondos públicos, a través de las autoridades portuarias, encubierta tras una sentencia que no es eso lo que exige. Además, en esta materia, se aprobó recientemente un Reglamento que excluye la estiba de la legislación europea para permitir que cada Estado miembro legisle libremente sobre ella. El Decreto-Ley del ministro renuncia al ejercicio de las competencia propias», denuncian.

Sueldos de hasta 110.000 euros en la estiba

El Ministerio de Fomento ultima su propuesta de reforma del actual modelo de la estiba en España para liberalizar al sector, en cumplimiento de la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 11 de diciembre de 2014.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quién quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.
Las sagep tienen una plantilla de 6.156 trabajadores, según han informado hoy fuentes del Ministerio de Fomento, con una retribución media de unos 60.000 euros anuales, aunque en algunos puertos pueden llegar a cobrar hasta más de 110.000 euros, trabajando de forma efectiva un 75 % de su jornada laboral.
Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia).
Se prevén distintas fórmulas de contratación: la directa por la empresa estibadora o la cesión temporal por los Centros Portuarios de Empleo y por las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
El proceso de cambio contará con un período transitorio de tres años, desde la entrada en vigor de la reforma, en el que las sagep subsistirán, salvo que se extingan, hasta su regulación como ETT.
Las empresas deberían mantener cotas de contratación de estibadores procedentes de las sagep del 75 % el primer año, del 50 % el segundo y del 25 % el tercero.
El decreto que prepara Fomento contempla que las autoridades portuarias asuman los pasivos laborales de los trabajadores de las sagep (los derechos asociados a su antigüedad desde el día en el que fueron contratados hasta el de la sentencia), en caso de que estos se produjeran, y cuyo coste máximo se situaría entre 300 y 350 millones de euros. Sería el máximo en el supuesto de que se tuviera que pagar los pasivos laborales al 100 % de los trabajadores, según la misma fuente.
La medida, cuyo objetivo es igualar la posición competitiva de todas las empresas, las nuevas y las viejas, tiene que ser valorada por la Dirección General de Competencia europea, al tratarse de ayudas de Estado.
El ministerio tiene la intención de aprobar con urgencia el decreto de reforma de la estiba, que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, para evitar las cuantiosas sanciones que conlleva el retraso en la aplicación de la sentencia provocado, en parte, por la interinidad del Gobierno durante 10 meses.
A día de hoy, la multa asciende a 21,5 millones de euros, pero podría seguir elevándose a razón de 27.522 euros diarios y, además, una inminente segunda sentencia condenatoria, que en el caso de que se dictara antes de la aprobación de la reforma, supondría una sanción adicional de 134.107 euros. No obstante, el tribunal podría decidir no ejecutar la sanción o su parte.
Fomento está convencido de que la reforma permitirá hacer aún más competitivos a los puertos españoles, al eliminar las actuales rigideces y darle mayor flexibilidad al sistema de la estiba, además de reducir sus costes, que suponen entre el 55 % y el 65 % del total de la manipulación de mercancías, por encima de otros países como Alemania, donde oscilan entre un 37 % y un 40 %.

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