La obra pública pesa mucho: las grandes constructoras se desmarcan de Ferrovial

Los principales grupos de infraestructuras de España, cuyo negocio principal es a través de grandes contratos de obra púbica concedido por el Gobierno, han eludido pronunciarse públicamente y de forma colectiva sobre el traslado de Ferrovial a Países Bajos, no así el presidente de la patronal Seopan, quien a título personal ha salido en su defensa denunciando las descalificaciones del Gobierno.

A punto de cumplirse una semana del sorpresivo anuncio realizado por Ferrovial, las grandes compañías se han desmarcado del comunicado enviado el pasado viernes por Seopan, que horas más tarde se atribuyó únicamente su presidente, Julián Núñez, dejando de manifiesto que «ni la intención de emitirlo, ni su contenido, fueron puestos en conocimiento de las empresas asociadas previamente».

Seopan, que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras, integra a empresas como la propia Ferrovial, ACS, Acciona, Abertis, FCC, Sacyr, OHLA, Itínere, Comsa o Grupo Sanjose, competidoras en su gran mayoría.

Tras las duras críticas vertidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros contra la decisión de Ferrovial y el señalamiento de su presidente, Rafael del Pino, tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, quisieron trasladar su mensaje a la opinión pública.

Mientras que Garamendi advirtió de que los ataques a los empresarios desde el Gobierno estaban causando una situación peligrosa y generando un mensaje en España y fuera de inseguridad; Alén apuntaba que había que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado (BOE), al tiempo que denunciaba los ataques que están sufriendo los empresarios y la inestabilidad normativa.

Tras ello, el viernes Seopan mandó un comunicado en el que denunciaba las «injustas descalificaciones» vertidas contra Ferrovial desde dentro y fuera del Gobierno, y anunció que ejercería cuantas acciones fuesen necesarias si se llegara a vulnerar la legalidad vigente y se producía un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad en España.

De hecho, algunos políticos ya estaban planteando la posibilidad de excluirla de los concursos públicos e incluso revisar los contratos ya en vigor.

Además, en el comunicado se decía que en esta decisión no había un ánimo de beneficiarse de una menor carga impositiva, que se hacía en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento con la legalidad española y comunitaria, y que no afectaría a la actividad de Ferrovial en España.

Ocho horas más tarde del envío del comunicado, su presidente Julián Núñez mandaba una aclaración al respecto y decía que las opiniones vertidas en el comunicado debían considerarse única y exclusivamente como suyas.

Algunas de las empresas asociadas lamentan que no se les informase previamente del contenido de este comunicado, que no fue consensuado antes de su difusión.

Desde el ámbito empresarial también se ha pronunciado el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, quien mostró su deseo de que la decisión de Ferrovial, que da por hecho que estará muy meditada, no siente precedentes y otras empresas sigan los mismos pasos.

La vicecepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado que en base a los análisis técnicos y la información disponible hasta el momento «hay serias dudas» sobre los argumentos que ha esgrimido públicamente Ferrovial para explicar el traslado de su sede social a Países Bajos.