La penúltima de Elke König sobre el caso Banco Popular: se niega a entregar los contratos firmados con Deloitte

La opacidad se ha convertido en la principal estrategia de Junta Única de Resolución para evitar dar las oportunas y específicas explicaciones sobre la resolución de Banco Popular.

La presidenta de la JUR, Elke König, se ha negado ahora a entregar los contratos de adjudicación a Deloitte Bélgica para realizar su informe provisional sobre Banco Popular, un informe necesario para aplicar la resolución, aunque el reglamento especifica que sea oficial y terminado, no solo provisional.

El polémico informe no aparece aún, pese a que el panel de la JUR ha obligado a la cúpula del organismo a facilitarlo a las defensas, más cuando ya ha pasado un año desde que más de 305.000 accionistas y bonistas perdieran toda su inversión.

La AIAP, asociación de afectados por la resolución de Banco Popular, ha exigido al Defensor del Pueblo y a la Olaf que obligue a la JUR a entregar todos los informes sobre Banco Popular, incluida la firma del contrato de adjudicación a Deloitte, según recoge La Información.

König pagó tres millones de euros a Deloitte por realizar supuestamente este trabajo, ya que la falta de transparencia obliga a poner en duda toda la resolución de Banco Popular. De hecho, hasta se oculta en la letra pequeña del contrato entregado a Deloitte el mandato específico del contrato o bajo qué condiciones se realizó la tarea.

La Asociación Independiente de Afectados por el Banco Popular (AIAP) exige además el informe íntegro de todos los informes para tasar Banco Popular, algo a lo que la JUR se ha negado desde el mismo momento en el que anunció y ejecutó, a través del FROB, la resolución.

Según el contrato, la JUR entregó una minuta de dos millones de euros, y otros 200.000 por los desplazamientos. El sobrecoste de la ardua tarea se incrementó hasta los 3 millones de euros. Asimismo, se estipula que el informe, ya definitivo, de Deloitte no podría estar listo hasta junio de 2019, es decir, dos años después de la resolución.

Deloitte realizó una valoración provisional, pese a que el reglamento establece que ésta debe ser definitiva, un documento que sirvió para resolver el Banco Popular.

Asimismo, según Deloitte se realizó un informe contrarreloj, pese a que se especifica que debe realizarse con tiempo suficiente para poder calcular el verdadero valor de Banco Popular.y tiempo suficiente para su cálculo. El informe se basaba en calcular el impacto que habrían sufrido los acreedores en las distintas alternativas y escenarios, dando por bueno el menos malo para los acreedores.

Deloitte se escuda en la supuesta confidencialidad para no desvelar ni un solo dato sobre los contratos con la JUR, y de hecho, señala que es este organismo quien debería desvelarlo, siempre y cuando proceda.

König se mantiene aún en el cargo pese a saltarse el reglamento

Deloitte recibió el encargo el 23 de mayo, el 31 de ese mismo mes, König acrecentaba el miedo con sus polémicas declaraciones sobre Banco Popular, un hecho que tiene terminantemente prohibido hablar, más cuando se trataba de un banco bajo supervisión. En una entrevista, König aseguró que Banco Popular se enfrentaba a una posible resolución. Ningún cargo institucional le ha pedido su dimisión inmediata por romper el reglamento de la JUR, y aún se mantiene en el cargo más de un año después.

Deloitte solo tuvo 12 días para calcular el valor del sexto banco del IBEX 35, un trabajo que podría tardar más de un mes y medio, se hizo en menos de dos semanas, pero bastó para sacrificar a 305.000 accionistas y bonistas. Deloitte dejó claro que era un informe provisional, pero el tiempo para Banco Popular se agotaba, necesitaba un manguerazo de liquidez, una inyección de dinero para mantener su negocio el 7 de junio. En concreto, se le denegó el acceso a 3.000 millones de euros, ni a la banca griega se le había rechazado tal petición.

¿Qué encargos recibió Deloitte? La gran pregunta de los contratos adjudicados

Tan solo quince días después, la presidenta de la JUR comenzó a publicar partes de dicho informe guardando los supuestos capítulos confidenciales. Deloitte aseguraba que Banco Popular era un reguero de pérdidas, pero ¿eran estas de tal tamaño como para resolver la entidad? Según la JUR, sí.

La valoración definitiva de Deloitte aún no se ha dado a conocer, pero las filtraciones apuntaban a un valor de entre 1.300 y -8.200 millones. La horquilla es inmensa, una diferencia abismal, que pocos se creen y muchos ponen en duda, incluso el Banco de España, que se quedó fuera de esta operación.

Ahora se espera que la JUR dé a conocer todo el coste económico y toda la letra pequeña de los contratos adjudicados a Deloitte. La JUR se escuda de nuevo en los datos supuestamente confidenciales para impedir que vea la luz todo lo ocurrido en la resolución. Asimismo, habrá que esperar aún si Deloitte recibió el encargo para realizar los estudios o tan solo se limitaba a calcular el valor de Banco Popular.