La presunta falsedad contable en Abengoa, de la que Borrell era consejero, a la espera de nueva documentación

En un encuentro celebrado hoy, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa ha destacado dos, la demanda del expresidente Felipe Benjumea -a través de Inversión Corporativa- contra el Santander y el HSBC, actualmente en curso, y la contestación de las entidades, que apenas dos meses antes de que la energética solicitara el preconcurso percibieron que «las cuentas no estaban claras».

Así lo declaró en octubre de 2017 el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, en el juicio contra Benjumea y el que fuera su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por las indemnizaciones millonarias que percibieron tras su salida de la sociedad, en el que finalmente ambos fueron absueltos. Esas indemnizaciones millonarias, así como las cuentas de la empresa, contaron con el visto bueno del consejero Josep Borrell, actual ministro de Exteriores del Gobierno de Pedro Sánchez. Borrell, además, sabedor de la quiebra que se avecinaba vendió acciones de la compañía antes de su debacle, por lo que ha sido multado por la CNMV por una infracción muy grave. Las acciones, en realidad no eran de Borrell, sino según explicó eran de un familiar que fuentes cercanas a la investigación identifican como Cristina Narbona, la actual presidente del PSOE, y pareja del ministro socialista cuando sucedieron los hechos, y hoy mujer de Josep Borrell.

Según la sección cuarta de la sala de lo Penal, los 11,4 y 4,5 millones que recibieron éstos, respectivamente, se adecuaban a la normativa legal existente y a unos contratos que fueron confeccionados con los debidos asesoramientos, en base a unos conceptos «ya establecidos en la mayoría de la sociedades mercantiles de perfiles similares».

Para la Plataforma, los desencuentros entre Benjumea y el grupo que preside Ana Botín permitirían arrojar luz sobre el presunto delito que se investiga en la vía penal y constatar que en 2014 había indicios de que las cuentas estaban siendo maquilladas.

Cuando se cumple un año de la sentencia absolutoria, estos «perjudicados» pasan página y se centran en el que consideran que es el «tema sustancial» de las supuestas irregularidades en Abengoa, el análisis de la contabilidad.

Doce meses en los que, aparte de la ingente documentación remitida, han tenido lugar novedades destacables, como la personación de la Abogacía del Estado -recurrida por las defensas ante la sala-, ya que los hechos denunciados podrían suponer un perjuicio público.

Sin fecha para los interrogatorios, la Plataforma confía en que este año el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, pueda tomar declaración tanto a Benjumea y Sánchez Ortega como al plantel de testigos.

Para que ello ocurra deberá concluir primero el peritaje de parte encargado por la acusación y que podría estar listo antes del verano, que analizará archivos tales como el plan de viabilidad realizado por Alvarez&Marsal para evitar el concurso, aún pendiente de envío.

También la información de la auditora Deloitte sobre los deterioros en las sociedades participadas por Abengoa, y el informe elaborado por KPMG a petición de los acreedores financieros del grupo andaluz, entre ellos el Banco Santander.

A pesar de ser casos diferentes, se han incluido otros documentos objeto de debate en la vista por las indemnizaciones a la excúpula, incluida la testifical de Echenique y las dudas sobre la situación real de la compañía en agosto de 2014 que le llevaron a trasladar a Benjumea «la falta de confianza en su gestión».

En consecuencia se produjo un cese que la Audiencia entendió como una «imposición» acreditada de los bancos aseguradores, en línea con lo alegado por el expresidente, quien reiteró que Santander abocó a Abengoa al concurso con sus exigencias.

Por estos hechos, Inversión Corporativa, vehículo de inversión vinculado a la familia Benjumea, y otros accionistas de la multinacional reclaman desde el pasado 29 de noviembre 1.000 millones de euros por daño patrimonial.

Una demanda civil que la Plataforma cree importante a la hora de depurar responsabilidades, y en virtud de la cual ha requerido a las entidades para que, llegado el caso, hagan frente al posible perjuicio que habrían causado a la compañía su decisión.