Un informe de cumplimiento de la empresa pública Mercasa, gestora de los mercados de abastos, detectó «aspectos críticos» en la tramitación de un contrato menor de 18.119,75 euros (14.975 euros más IVA) adjudicado en 2021 a la constructora Servinabar, vinculada al ex secretario general del PSOE Santos Cerdán y a la fontanera del PSOE Leire Díez, sin olvidar al expresidente la Sepi Vicente Fernández, mano derecha de Maria Jesús Montero, ministra de Hacienda en aquella época y hoy al frente de la campaña electoral del PSOE para el 29N tras el batacazo histórico en las elecciones autonómicas andaluzas.
El informe interno de Mercasa, al que ha tenido acceso EFE, quedó remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que requirió en diciembre de 2025 esta documentación tras acudir a las sedes de varias empresas públicas dentro de la operación en la que quedaron detenidos la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
En concreto, analiza la adjudicación supuestamente irregular de un contrato de 18.119,75 euros de Mercasa a Servinabar, constructora administrada por Antxon Alonso y también participada, según los investigadores, por Cerdán (a través un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico).
El objeto del contrato concedido por Mercasa a Servinabar era realizar estudios técnicos sobre el estado de las oficinas de la sede de Mercasa, situadas en el Paseo de La Habana de Madrid, y valorar eventuales trabajos para subsanar deficiencias.
El informe de auditoría interna identifica «aspectos críticos» en el proceso de tramitación de este contrato menor, adjudicado por un importe de 14.975 euros más IVA, y recoge diferentes deficiencias e incumplimientos.
El informe para Mercasa se realizó por la empresa de Santos Cerdán y Leire Díez meses antes de la apertura formal del expediente de contratación y de su adjudicación
Según la misma, los trabajos del informe técnico se realizaron meses antes de la apertura formal del expediente de contratación y de su adjudicación, lo que la auditoría califica de «incumplimiento manifiesto de la normativa aplicable» y «riesgo crítico de vulneración del principio de legalidad».
Además, la auditoría detalla que no hay constancia documental de que se hubieran solicitado los tres presupuestos recomendados por la normativa interna para garantizar la libre competencia.
También que el expediente quedó promovido por la Dirección de Desarrollo Corporativo (DDC), que no tenía atribuidas las competencias en materia de obras o informes técnicos de la sede (según el informe correspondían a la Dirección Adjunta Técnica y Proyectos).
Además, refiere que se entregaron dos versiones del informe técnico con fechas distintas, ambas sin firma ni sello.
Por último, se comprobó que el informe técnico pagado a Servinabar no quedó utilizado en las obras de reforma.
La auditoría interna concluye, tras analizar la contratación de la empresa desde 2019 y los gastos de representación de sus directivos, que los hechos analizados no tienen «antecedentes» y se trataron de «un hecho singular y no de una práctica sistemática o reiterada en la entidad».
La UCO investiga este contrato desde diciembre de 2025, cuando trascendieron las pesquisas del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para conocer si la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso se repartieron mordidas a cambio de mediar en hasta cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI.
