La trampa del bono social: el 55% de los beneficiarios se quedará fuera

El acceso al bono social no será automático, sino que serán los consumidores con derecho a beneficiarse de este descuento en el recibo de la luz quienes lo soliciten. El Gobierno espera un coste de solo 236 millones, la mitad de los beneficiarios.

Tras jugar con las familias numerosas, que se quedarán fuera del nuevo bono social si no lo socilitan y que sólo verán el descuento del 25% para un máximo de 3.600 Kwh/ año, el Gobierno asegura que solo el 45% de los hogares que se podrían acoger a esta medida lo pedirá, por lo que el 55% de los beneficiarios potenciales se quedará fuera de esta rebaja en la factura de la luz. Así lo indica la memoria económica del Real Decreto Ley sobre pobreza energética y bono social, recogida por Cinco Días. En este sentido, el coste esperado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es de sólo 236 millones de euros, frente a los 400 millones que costaría si se beneficiaran el 100% de los consumidores que tienen derecho. Este montante saldrá de todas las comercializadoras eléctricas.

Ni el Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, ni tampoco las eléctricas, como Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, entre las más de 200 comercializadoras de España, realizarán una campaña para que las familias con pocos o nulos recursos puedan beneficiarse de este descuento en la factura.

Para ello se ha ideado una estrategia diabólica. Los beneficiarios tendrán que solicitarlo formalmente, es decir, no es automático. Las comercializadoras pequeñas no podrán ofrecerlo en el mercado libre, y las del mercado regulado, que solo pueden comercializarlo las grandes, tampoco se ofrecerá a los consumidores. Además, el Gobierno tampoco hará una campaña informativa para dar constancia de la existencia de este descuento del 25% en la factura de la luz.

Además, el mecanismo es tan tedioso y complicado que más que facilitar el derecho al bono social se convierte en un instrumento disuasorio, más cuando se realizan baremos sobre el IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, y que es utilizado para dar subvenciones o prestaciones de paro. Es decir, estas familias tendrán que pedir esta ayuda a la que tienen derecho por ley como si se tratara de una subvención.

Además de los cálculos sobre el IPREM también existen límites al descuento, que van del 25% al 50% de la factura, dependiendo de la situación de cada uno de los consumidores: vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.

Un oscuro mecanismo para dejar fuera a la mitad de los beneficiarios potenciales, un dato que facilita el propio Ejecutivo. Cabe recordar que las comercializadoras llevan años cambiando al mercado libre a consumidores acogidos al mercado regulado, por lo que será muy difícil que vuelvan a tener precios sensiblemente más bajos.

El Gobierno deja fuera el gas del bono social

España vuelve a demostrar así ser un país donde se ponen trabas a familias vulnerables para evitar que puedan acogerse a este beneficio social. Asimismo, como ya publicó Intereconomía.com, España es el único país sin bono social energético para el gas.

En Italia, el bono social significa aplicar un descuento del 20% en la factura de la luz y del 15% en el gas, según un estudio elaborado por Selectra. A diferencia de España, que solo las comercializadoras de referencia pueden aplicar el bono social, en Italia lo pueden aplicar todas las compañías eléctricas, como también sucede en Francia, Portugal y Bélgica. Caso aparte es Reino Unido, que depende de la situación de cada familia.

En cuanto a la financiación, España exige a las comercializadoras pagar esta ayuda en función del número de clientes. En Italia, son los contribuyentes a través de impuestos y Presupuestos del Estado, como ocurre en Francia. En Reino Unido se aplica directamente una ayuda también pagadas por el contribuyente, mientras que en Bélgica es una financiación mixta, parte la sufragan las comercializadoras y otra parte corre a cuenta del Estado a través de los contribuyentes.

En Francia, con cuatro millones de hogares acogidos, se acogen familias con bajos ingresos, teniendo en cuenta a todos los miembros de la misma. También se podrán beneficiar los clientes escogidos por el Estado.

En Portugal, con 820.000 personas, los usuarios de luz y gas tendrán bono social si se comprueba su carencia socio-económica y además cuenten con otras ayudas. En el caso de la luz, también pueden acogerse personas con bajos ingresos al cargo de (al menos) una persona dependiente.

En Reino Unido, dependiendo de la ayuda, en general se tienen en cuenta los ingresos y si se perciben otras ayudas sociales.