La venta de los activos móviles de Oi a Telefónica, TIM y Claro, en manos del regulador brasileño

El consejero instructor en el órgano antimonopolio de Brasil del proceso para la venta de la red móvil del grupo brasileño Oi a Telefónica, Claro y TIM recomendó este miércoles que el regulador rechace la operación, decisión que ahora dependerá de los votos de los otros seis consejeros.

Según el instructor de este proceso ante el Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), Luis Henrique Braido, la venta de los activos de Oi a sus tres principales rivales generará un trío que acaparará hasta el 98 % del mercado de telefonía móvil en Brasil y hará inviable la entrada de nuevos operadores.

La Oi, en concurso de acreedores desde 2016, vendió en diciembre de 2020 sus activos en telefonía móvil por 16.500 millones de reales (unos 3.150 millones de dólares) a las subsidiarias brasileñas de la española Telefónica (Vivo), la mexicana América Móvil (Claro) y Telecom Italia (TIM), pero la operación depende de los reguladores.

En su voto, el consejero alegó que la operación generará una gran concentración en el mercado, le otorgará un alto poder de dominio a los tres compradores, que podrán actuar coordinadamente, y reducirá la posibilidad de entrada de nuevos operadores.

«Es una operación que trae niveles de concentración muy significativos y que no hemos aceptado en otras operaciones analizadas por el Cade», agregó el consejero.

Braido agregó que la aprobación de la operación tendría que estar condicionada a un compromisos de los compradores en vender parte de sus concesiones sobre espectros de telecomunicaciones en Brasil y permitir la entrada de un cuarto competidor, lo que las tres grandes operadoras no se mostraron dispuestas a cumplir.

«Con base en todo lo expuesto en este voto, rechazo este acto de concentración», concluyó el instructor.

El consejero igualmente pidió que el Cade abra una investigación administrativa sobre la denuncia presentada esta semana por la Fiscalía en el sentido de que los tres compradores de Oi dificultaron la participación de otros operadores en la subasta en la que fueron vendidos los activos de la telefónica quebrada.

«Es necesario investigar la posible conducta concertada entre competidores y eventuales prácticas de cartel», afirmó en su pronunciamiento.

Oi considera la venta de sus activos en redes móviles vital para su supervivencia y para el éxito del proceso de reestructuración que acordó con la Justicia para reducir sus deudas, que hoy llegan a casi 30.000 millones de reales (5.700 millones de dólares).

Oi tiene alrededor del 16 % de la cuota de mercado de telefonía móvil en Brasil, por detrás precisamente de TIM (20,6 %), Claro (28 %) y Telefónica Brasil (33 %).

El instructor afirmó que el papel del CADE es analizar la competencia y combatir los monopolios, por lo que no se pueden admitir con las presiones que recibe para que apruebe la operación con el argumento de que un rechazo provocará la quiebra definitiva de Oi y perjudicaría a millones de consumidores.

La venta de los activos de Oi ya había sido aprobada por el otro regulador, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que condicionó la operación a diferentes compromisos de los compradores para reducir la concentración y promover la libre competición.

Para el instructor del CADE, sin embargo, tales compromisos no son suficientes para garantizar la libre competición en el mercado de telecomunicaciones en Brasil.

Los siguientes dos consejeros que votaron en el proceso acogieron las recomendaciones del instructor y también rechazaron la operación.

El segundo voto fue de la consejera Paula Azevedo, quien consideró que en el proceso «no hubo diálogo, alertas ni transparencia», presentándose una «intransigencia» en el que el llamado «remedio estructural», hasta la llegada del 5G, «es insuficiente para garantizar una franja competitiva» en el mercado.

El consejero Sergio Ravagnani emitió su voto «integralmente a favor del análisis impecable» del instructor, porque una «operación como ésta merece todos los cuidados, porque el aumento del poder económico lleva al aumento del poder político» y la reducción de 4 a 3 operadoras «puede reducir inversiones».