Las eléctricas insisten en el daño de intervenir en el mercado, como se ha hecho en España

 Responsables de Regulación de compañías eléctricas consideran necesaria una tarifa que proteja de verdad al consumidor vulnerable, no la actual del PVPC que le expone al mercado, y han alertado del daño que pueden hacer medidas que supongan intervenir en el mercado, como se ha hecho en España.

En la jornada «La adaptación del mercado eléctrico para cumplir los retos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec)», el director de Regulación de Endesa, Juan José Alba, ha señalado este jueves que los altos precios de la electricidad en el mercado no afecta sólo a España, sino a la UE, aunque sólo dos de sus 27 países (España y Rumanía) «han decidido intervenir el mercado de manera bastante seria».

Ha señalado que ésto denota una «falta de confianza» en el mercado y las empresas, y «aunque ha habido vueltas parciales atrás» (se excluyó del recorte de ingresos por el alza del gas a la energía comprometida en contratos a plazo y en nuevos que no lo repercutieran), el «daño está hecho».

No obstante, ha dicho que hay que ver si el mercado es el adecuado, dado el cambio de la estructura de costes y el ‘mix’ de generación que se está produciendo, si bien ha señalado que van a seguir siendo necesarios mercados de operación y ajuste, y hace falta un mercado que ponga en valor la tecnología que aporta firmeza al sistema, ante la intermitencia de la producción renovables, cada vez con más peso.

Para Alba, ante este problema coyuntural de altos precios, que está siendo largo, no se pueden tomar medidas estructurales, pero sí se puede hacer, como se ha hecho, reducir la carga fiscal al consumo eléctrico, como dice la UE, y ha animado a profundizar en los recortes de impuestos que se han llevado a cabo y extenderlos en el tiempo.

Ha añadido que la protección al consumidor ante la subida de precios hay que centrarla en el cliente vulnerable, a través del incremento de los descuentos que tiene en la factura de la luz, como el bono social, y no llevar a cabo, como se ha hecho en España, un «recorte indiscriminado» en los cargos a todos los clientes, a los que les subía la luz y a los que pagaban por ella lo mismo o menos.

Ha advertido que ese recorte de los cargos, que financian políticas energéticas como las primas a las renovables y el déficit del sistema, generará un déficit al sistema eléctrico que habrá que asumir.

Por otro lado, ha advertido de obstáculos para que se cumplan los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), como los retrasos en los permisos a renovables o la oposición social a su implantación en muchos territorios, de los que ya hay una lista «para echarse a temblar», y ha señalado que si no se consigue dar la vuelta a este problema, España no será capaz de desarrollar toda la potencia renovable que se ha marcado.

Por su parte, el director de Regulación de Iberdrola España, Patxi Calleja, también considera que el debate sobre los altos precios de la luz en España está marcado por la «anomalía» del PVPC, la tarifa que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social y que está ligada a los precios del mercado diario mayorista.

Calleja ha dicho que ésto «ha llevado a hacernos las preguntas equivocadas» y España ha sido de los pocos países que ha aplicado medidas que intervienen en el mercado, con el consiguiente incremento del riesgo regulatorio.

Ha destacado la importancia de que España sea «confiable», pues «si hace, como en los últimos meses, una especie de ‘exit’ eléctrico respecto a Europa», va a ser imposible cumplir los objetivos «porque todos los países compiten por atraer inversión».

Por su parte, la directora de Regulación de Naturgy España, Elena Mateos, ha apostado por mercados a plazo con mayor profundidad y duración para hacer frente a los altos precios, y ha dicho que los clientes vulnerables deben gozar de una protección especial que no les da el PVPC, que ha recordado que no es exclusivamente para ellos y los pueden tener otros clientes, algunas empresas o segundas residencias.

Por eso, cree que debe haber una «tarifa social» que responda a lo que necesitan los clientes vulnerables con «criterios de política social y no energética», al tiempo que ha augurado que la alta volatilidad de precios en el mercado dará lugar a concentraciones de compañías comercializadoras.

El director de Seguimiento de Mercado del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), Juan Bogas, ha señalado, por su parte, que en el futuro seguirá siendo necesario un mercado diario, pues hará falta un precio diario de referencia, y ha manifestado que los veinte años de experiencia del mercado no se pueden cambiar por una situación coyuntural, sino que tiene que haber una visión a más largo plazo.

Ha manifestado que desde el sector eléctrico no se han sabido rebatir muchas noticias y aclarar que ese precio de más de 300 euros/megavatios hora (MWh) marcado para hoy en el mercado mayorista no lo pagan todos.