Los 240 trabajadores de Alú Ibérica, antigua Alcoa, de Avilés, al paro tras tres años de promesas
Los trabajadores de Alu Ibérica han escuchado durante tres años reiteradamente las promesas de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, sobre la llegada inminente de un inversor que se hiciera cargo de la planta y de sus trabajadores, algo que el tiempo ha demostrado que no era cierto.

Los 240 trabajadores de Alú Ibérica, antigua Alcoa, de Avilés, al paro tras tres años de promesas

02 mayo, 2022
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Actualizado: 03 mayo, 2022 0:31
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Los más de 240 trabajadores de la plantilla de la antigua fábrica de Alcoa de Avilés han visto cerrado su vínculo contractual con la empresa aluminera este 1 de mayo, por cierto, Día del Trabajo, después de más de tres años de lucha ante la multinacional estadounidense, las administraciones públicas y en la calle, con el apoyo de sindicatos y ciudadanos. Los trabajadores han puesto así fin a una etapa que se inició en 2019 cuando Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica. El Grupo Industrial Riesgo está siendo investigado por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial, que se puso al frente de la fábrica. Durante todo este tiempo, los trabajadores de Alu Ibérica han escuchado reiteradamente las promesas de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la del presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, sobre la llegada inminente de un inversor que se hiciera cargo de la planta y de sus trabajadores, algo que el tiempo ha demostrado que no era cierto.

Posteriormente, ambas plantillas llegaron a un acuerdo con la antigua propietaria para acceder a una serie de compensaciones e indemnizaciones a cambio de abandonar la vía judicial emprendida contra ella. Ese acuerdo permitirá recibir una indemnización de 60 días por año trabajado más 10.000 euros lineales a cambio de renunciar a la vía judicial contra la multinacional. Ahora, el acuerdo está pendiente de confirmación por parte de las federaciones sindicales y de la homologación del Tribunal Supremo (TS).

Los sindicatos tampoco han abandonado la esperanza de que un inversor reflote la actividad de la planta y recoloque a la plantilla que se ha quedado en el paro. En un comunicado de despedida, el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, ha querido agradecer la labor de los medios de comunicación en su lucha. “Sin ese seguimiento, nada de lo que pasa aquí abajo se transmitiría y, por tanto, no existiríamos”, ha señalado.

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