Los acusados de las "black" de Caja Madrid alegan un calvario judicial y mediático

Lo que debe acreditarse es la culpabilidad, «cosa que no ha ocurrido» en este juicio, pero en España no se condena a nadie que no haya cometido un delito, dice un abogado

Ha habido sospechas, rumores y chismes, en la línea de «algo habrá», para justificar «el vía crucis judicial de los acusados, de personas que puede que merezcan ser culpables» pero cuya culpabilidad no está acreditada.
En el mismo sentido se han expresado las defensas de Luis Blasco Bosqued, exconsejero y expresidente de Telefónica Contenidos, que gastó 51.500 euros, y de Rubén Cruz Orive, que desembolsó 233.700 euros, que han sostenido que debe ser Bankia la que demuestre que hubo algún comportamiento irregular, es decir, que en la entidad debe residir la carga de la prueba.
El abogado Juan Carlos Cillán, que representa a Cruz Orive, ha insistido en que reside en Bankia la carga de la prueba, ya que no ha declarado ningún testigo ni perito que haya refutado el testimonio de su defendido, que asegura que recibió la visa «para hacer frente a los gastos que considerara necesarios».
En defensa de Javier de Miguel Sánchez, el letrado Carlos López Altamirano ha explicado que la difusión de las hojas excel aportadas por Bankia en las que figuran los gastos efectuados viola el contrato de solicitud de tarjeta de crédito que el acusado firmó cuando le entregaron la visa, con la que gastó 172.700 euros.
Se trata de una prueba «ilícita, manipulada, obtenida y utilizada vulnerando hechos fundamentales e indebidamente empleada», con la que se ha querido «perseguir y cortar las cabezas de los acusados antes de ser juzgados».

Los acusados se quejan de que la publicación de los gastos de las tarjetas de Caja Madrid les ha supuesto la muerte laboral de la que no saben si se recuperarán

A su defendido, la publicación de estos supuestos gastos le supuso «la muerte laboral, de la que ya veremos si resucita», pues fue cesado de una empresa donde ingresó «por méritos propios y en la que tenia una gran proyección».
De Miguel, ha indicado el letrado, ha sido «degradado públicamente y despedido, sólo por complacer a los medios de comunicación».

Otro abogado de los acusados asegura que durante 23 años Caja Madrid admitió todos los pagos sin poner reparos y que jamás pidió un justificante

Laura Martínez-Sanz, que ha intervenido en defensa de Blasco Bosqued, ha recordado que durante 23 años Caja Madrid admitió los gastos que le presentaban sin poner ningún reparo, y jamás pidió ningún justificante.
Pero es que además, ha explicado la letrada, la existencia o no de justificante «no modifica la naturaleza del gasto, con o sin él el gasto seguiría siendo el mismo»; y ahora, el acusado tiene que justificar algo que no tuvo que justificar en su día», cuando de lo que se trata son de gastos inherentes al cargo de consejero.
El letrado Alberto Lucas Franco ha hablado en defensa de Juan Gómez Castañeda, que efectuó gastos por importe de 128.100 euros, Fernando Serrano (78.500 euros), Alejandro Couceiro (70.200) y Carlos María Martínez (276.000), para denunciar que el contenido de las tablas de excel constituye una prueba ilícita «que vulnera el derecho a las comunicaciones».
También ha asumido la mayoría de los argumentos expuestos el Juan Ramón Montero, abogado de Pablo Abejas, que efectuó desembolsos de 246.700 euros; el abogado del que fuera director general de Caja Marid, Ildefonso Sánchez Barcoj, ha destacado el carácter de «justa retribución» que en su opinión constituyeron las visas.
La presentación de las conclusiones del resto de las defensas, que representan a menos de la mitad de los acusados, proseguirá los próximos 30 y 31 de enero.