Los acusados de las 'black' de Caja Madrid rechazan las pruebas

Los acusados de las 'black' de Caja Madrid rechazan las pruebas

31 enero, 2017
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Actualizado: 31 enero, 2017 20:09
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Los abogados de varios de los 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid han negado hoy validez a las pruebas, no sólo a la hoja de excel en la que figuran los gastos sino también al informe presentado por Bankia y elaborado por su director de auditoría interna, Iñaki Azaola.

Los letrados de once de los 65 acusados que han presentado hoy sus conclusiones han defendido que cobrar una parte del salario a través de una visa es perfectamente legal y no implica hecho ilícito alguno.
Quedan por presentar sus conclusiones los representantes legales de siete acusados, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, que lo hará el jueves, día en el que está previsto que quede visto para sentencia después de que los acusados que lo deseen hagan uso de su derecho a la última palabra.
Carlos Domínguez, abogado de Juan Iranzo, ha expresado la «nulidad radical» de la hoja en la que figuraban los gastos y también del informe aportado por Bankia, extremo en el que han coincidido la práctica totalidad de los abogados durante el proceso.

Los abogados de los acusados han conincidido en defender el usuo ajustado de las tarjetas por ser un medio de pago universalmente aceptado

Los abogados han reiterado muchos de los argumentos ya expuestos a lo largo del juicio, sobre el uso perfectamente ajustado a derecho de unas tarjetas conocidas y transparentes que eran lisa y llanamente un medio de pago universalmente aceptado.
León Barriola, abogado de Mariano Pérez Claver y Ramón Martínez Vilches, que gastaron 379.500 y 91.200 euros, respectivamente, ha indicado que su uso fue «perfectamente ajustado a derecho», ya que no había restricciones sobre los medios de pago; fue el presidente de Caja Madrid Jaime Terceiro «que mintió o no dijo la verdad durante su declaración».
Terceiro explicó que un sistema de retribuciones para consejeros mediante tarjetas era «inconcebible» en la entidad mientras él estuvo al frente, y reiteró que las que son objeto del presente juicio eran exclusivamente para gastos de representación.

Procedimiento válido

La comisión de retribuciones pudo reaccionar, ha añadido Barriola, pero «año a año consideró que el procedimiento era válido, y así consta en acta, un cuerpo documental de la regularidad documental de la legalidad de los acuerdos» que es irreprochable.
También se ha referido a las contradicciones en las que incurrió el director de auditoría interna de Bankia, Iñaki Azaola, por lo que sus declaraciones «no pueden ser tenidas en consideración».
En defensa de Javier López Madrid, el abogado Javier Sánchez Junco ha explicado que su defendido «no estaba en el día a día de la caja» y no tuvo ninguna responsabilidad en el sistema de las tarjetas; además, no se le puede atribuir enriquecimiento injusto puesto que devolvió todo lo gastado (34.800 euros), y tributó por esas cantidades.
Gonzalo Martínez Fresneda, abogado del que fuera secretario general de la caja Enrique de la Torre, del que varios de los acusados recibieron la tarjeta, ha asegurado que se trataba de un pago por gastos de representación, por lo que «no cabe hablar de apropiación indebida» de los 320.000 euros desembolsados.
El letrado ha negado legitimidad a Bankia para ejercer la acusación particular, y ha rechazado también que en ningún momento la entidad considerara ilícita la tarjeta.

Retribución a través de la Visa

En representación del exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, que abonó 223.900 euros con la tarjeta, se ha manifestado Carlos Rodríguez Vallecillo, que ha reiterado que se trataba de una parte de su retribución que recibía a través de la visa.
También ha expuesto hoy sus conclusiones, en defensa de Carmen Contreras, que desembolsó 266.800 euros, el abogado José Zaforteza, así como José A. Bonilla Pella, en representación de Carlos Vela, que gastó 249.800 euros, Ricardo Morado (448.300) y Juan Astorqui (293.000).
Bonilla ha indicado que a sus defendidos las tarjetas se las dieron como parte de su retribución y no para gastos de representación.
El último en exponer ha sido Pablo Rodriguez Mourullo, abogado de Luis Gabarda, que gastó 139.700 euros.

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