Los agentes inmobiliarios acusan al Gobierno de ‘abrir la puerta de las expropiaciones’

El alcance de las ayudas públicas sobre viviendas de titularidad privada para los colectivos más vulnerables ha enfrentado este martes al Gobierno con los colegios oficiales de agentes de la propiedad, que le acusan de «abrir la puerta a procesos expropiatorios», mientras que el Ejecutivo lo niega.

En declaraciones a Efe, el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha defendido que la orden ministerial que lleva varios días generando controversia «no regula absolutamente nada ni sobre el derecho a la propiedad ni sobre la propiedad privada, ni permite la expropiación ni regula nada de manera inconstitucional».

A pesar de este y otros desmentidos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), el Consejo General de Asociaciones de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que representa a 46 colegios de toda España y a unos 10.000 agentes, sostiene en un comunicado que la norma, publicada el 11 de abril en el BOE, «sí abre la puerta a afectar viviendas de titularidad privada a través de procesos expropiatorios».

En ella, el ministerio que dirige José Luis Ábalos faculta a las comunidades autónomas a poner a disposición de víctimas de violencia de género, personas desahuciadas o sin hogar una vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para su uso a una administración pública, para que la ocupen en régimen de alquiler, de cesión de uso o en cualquier régimen de ocupación temporal admitido en derecho.

A continuación establece que «cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los mismos regímenes».

Desde su publicación en el BOE el pasado sábado, varios medios han interpretado este párrafo como que el Gobierno está facilitando la ocupación por la fuerza de viviendas, los procesos de expropiación, incluso que con él queda abolida la propiedad privada.

Un debate que ha ido creciendo en las redes sociales y que el propio Ábalos intentó cortar el lunes por la noche en rueda de prensa, cuando subrayó que la orden ministerial «no permite la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias» y que tampoco supone «ningún ataque a la propiedad privada».

Su intento no tuvo éxito, ya que horas después el presidente del Consejo General de los API, Gerard Duelo, ha cuestionado la constitucionalidad de la norma.

A su juicio, ésta «incide de forma directa en el derecho a la propiedad privada y no se describe cuál es la vinculación de la crisis sanitaria con el colectivo de destinatarios del programa de ayudas».

«Más bien parece que desde el Gobierno se está utilizando el estado de alarma para legislar, por medio de una norma de rango normativo inapropiado, sobre materias en las que no deberían hacerlo al afectar a un derecho fundamental como es el derecho a la propiedad privada protegido en el artículo 33.1 y que llevan a dudar de la constitucionalidad de la medida».

El secretario general de Vivienda, David Lucas, le ha reprochado su «gran desconocimiento del Derecho» y su «desconocimiento jurídico de lo que es esta orden en relación con el Real Decreto (que desarrolla) y con el contexto en el que se está produciendo».

Lucas ha hecho hincapié en que lo que se regulan son ayudas al alquiler -de entre 600 y 900 euros al mes- «y siempre dentro de la voluntariedad entre la Administración y el propietario», y ha reiterado que «la orden faculta a las comunidades a que, con las ayudas que les da el Estado, puedan pagar el alquiler de gente que se ha quedado sin casa».

El responsable de Vivienda ha lamentado «profundamente que en vez de valorar la garantía que se está estableciendo en esta orden ministerial y en el Real Decreto del derecho a una vivienda digna a mujeres maltratadas, a personas desahuciadas, sin hogar y especialmente vulnerables, se hayan encargado de soltar bulos y tergiversar».