Los altos precios de la electricidad obligan a empresas como Alcoa a marcharse de España

Los altos precios de la electricidad en España, entre 20 y 25 euros más por megavatio que en Alemania o Francia, provoca que empresas electrointesivas como Alcoa, donde el 40% de sus costes es la electricidad, no puedan competir ya no sólo con las asiáticas, sino ni siquiera con las europeas, lo que obliga a vender plantas como ha ocurrido en Avilés o La Coruña al capital riesgo o el plantearse ahora el cierre de la planta de San Cibrao en Lugo, donde produce alúmina y aluminio.

El estatuto que regulará el funcionamiento de las empresas electrointensivas lleva años dando vueltas en las mesas de los despachos de los distintos ministros de Industria que han ido pasando por ellas sin que se dé una solución a las compañías donde la electricidad es la base para su funcionamiento y competitividad.

Como estamos en campaña electoral, la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, ha visitado recientemente la factoría que la multinacional Alcoa tiene en el municipio lucense de Cervo que también está condenada por su falta de competitividad ante los altos precios de la electricidad.

Como no podía ser de otra forma, Reyes Maroto, se ha vuelto a comprometer a aprobar el estatuto que regulará el funcionamiento de las empresas electrointensivas “nada más” se forme el nuevo gobierno.

El problema es que el primer texto sobre el estatuto electrointensivo que presentó Maroto en marzo de este año a la Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijoo, a la industria y a los propios trabajadores fue calificado como de «tomadura de pelo».

De hecho esas críticas se mantienen. Tras la reunión que mantuvó Reyes Maroto el martes pasado, que visitó Alcoa en compañía del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el comité de la planta de San Cibrao en Lugo, éste emitió un comunicado en el que denunció que “la solución que materialice un marco tarifario estable, que nos ponga en igualdad de condiciones con las demás industrias del aluminio europeas dista mucho de estar garantizada”.

“La ministra de Industria insistió en que, a pesar de entender el carácter de urgencia para la aprobación del estatuto” en lo que se refiere al futuro de Alcoa en A Mariña, “no podía aprobarlo un gobierno en funciones”, aunque el Gobierno de Sánchez ha tenido manga ancha con los decretos leyes para otros muchos asuntos de menor interés que perder la industria nacional.

Y es que Reyes Maroto fue incapaz ni siquiera de aclarar el contenido de ese futuro estatuto electrointesivo, al menos las líneas maestras de un borrador que se presentó a las empresas del sector en marzo y cuya reacción ha sido el anuncio de cierres y ERE tras su lectura.

Alcoa, por su parte, sigue insistiendo que, con los precios actuales de la energía, la producción de aluminio en España es inviable y si el Gobierno no busca una solución urgente A Mariña está condenada al cierre.

Las industrias españolas pagan entre 20 y 25 euros más por megavatio que las alemanas o francesas

Según la patronal de la industria electrointensiva, en España se pagan entre 20 y 25 euros más por megavatio que las mismas industrias en Francia y Alemania, que además cuentan con una política industrial eficaz, mientras en España, en vez de ayudarlas, se les perjudica. Este año, por ejemplo, la subasta de interrumpibilidad ha bajado un 40% sus incentivos en comparación con el 2018. El compromiso del Gobierno con el fondo suizo Parter, que compró las plantas de Alcoa en Avilés y la Coruña, es bajar el precio de la electricidad entre 12 y 15 euros por megavatio, por lo que no llegaría a cubrir el diferencial con Francia y Alemania. El precio de la electricidad fue de 36 euros en Alemania el año pasado por megavatio; 39 en Francia, y 60 en España.

Empresas como Alcoa, y todo el sector, lo que reclaman es un marco regulatorio estable y una política industrial eficaz de apoyo a las empresas como sucede en otros países de la UE para que su economía no caiga víctima de los altos precios de la electricidad.

La consultora Deloitte, en un informe sobre la industria electrointesiva, señala que Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido tienen están instauradas de forma permanente las compensaciones por emisiones indirectas de CO2, mientras en España son esporádicos. Asimismo, en esos países se aplica un mecanismo de gestión de la demanda (interrumpibilidad). Destaca Francia, donde las subastas son por un período de seis años y en Alemania, de dos. A esto se le añaden descuentos de los cargos para financiar las renovables. En Francia, por ejemplo, EDF, la principal compañía eléctrica cuenta con con precios especiales para los grandes consumidores eléctricos.

Y en España, la industria ya no espera más al estatuto electrointensivo y busca otros destinos donde su producción pueda competir en igualdad de condiciones con la de otros países para que las pérdidas económicas no las condenen al cierre.