Los bancos podrán embargar los pisos entre 12 y 15 cuotas impagadas

Según han acordado hoy la mayoría de los ponentes que tramitan la nueva Ley Hipotecaria, la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos se ha ampliado de las nueve cuotas impagadas (o 2 % del capital) que contemplaba el proyecto de ley aprobado bajo el mandato del exministro Luis de Guindos, a doce cuotas, y de las doce en el segundo período de vida del préstamo (o 4 % del capital) a quince cuotas.

Sin embargo, Unidos Podemos ha lamentado que la nueva ley siga incluyendo esta cláusula que, según el diputado de la formación morada Rafael Mayoral, es abusiva y contraria a la jurisprudencia europea.

Mayoral ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la ponencia, que el porcentaje de impago para ejecutar un inmueble debería ser de al menos el 10 % del capital principal, tal como ocurre en Alemania.

La mayoría de los portavoces también han consensuado eliminar las cláusulas suelo, y hacer permanente el código de buenas practicas, para que las entidades tengan que aplicarlo a todos los préstamos y no solo a los firmados antes de 2012.

El diputado de Podemos ha incidido, tras finalizar la ponencia, que debe haber un mecanismo para que en caso de que no se puedan pagar las cuotas por motivos ajenos al deudor, «no le busquen la ruina, le quiten la casa y le dejen con una deuda de por vida».

Por otra parte, después de que la nueva Ley Hipotecaria fijara el reparto de gastos entre el cliente, que abonará la tasación, y el banco que se hará cargo del impuesto de actos jurídicos documentados, de las primeras copias del notario, de los gastos del registro y de la gestoría, la ponencia ha decidido que la entidad bancaria no pueda imponer sus productos vinculados o combinados a la hipoteca.

Los seguros o diferentes pólizas de hogar, vida, o protección del préstamo entre otros, sólo podrán establecerse cuando sean beneficiosas para el cliente y éste podrá adquirirla con otra entidad siempre que cumpla los requisitos que marca el contrato.

«En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción inicial como en cada una de las renovaciones», afirma la nueva Ley Hipotecaria.

El prestamista, además no podrá cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario y «en ningún caso» la aceptación por el banco de una póliza alternativa distinta de la propuesta por su parte podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza del préstamo.

Asimismo, otra de las cuestiones que marcará la nueva ley es que incluirá la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción y el coste de los procedimientos internos de los prestamistas para realizar esta evaluación no se repercutirá en el consumidor.

La mayoría de los portavoces también han establecido la comisión por interés de demora que ha quedado en el interés remuneratorio más el 2 % frente al triple del interés legal del dinero que dictaba el proyecto de ley del PP.

La ponencia de la Ley Hipotecaria volverá a reunirse el 23 de noviembre con el fin de terminar los trabajos y poder pasar en diciembre a la votación de las enmiendas que queden vivas.

En la próxima reunión se tratarán de pactar las comisiones por amortización anticipada tanto para hipotecas de tipo fijo como variable, y mientras la formación morada avisa de que estas comisiones deberían ser cero, el PSOE aboga por bajarlas o anularlas según el plazo de amortización o el tipo de interés contratado (fijo o variable).

El diputado socialista Gonzalo Palacín ha señalado que las hipotecas a tipos fijos son positivas para los particulares y para las entidades y «no deberían verse penalizadas en el texto legislativo», por comisiones de amortización.

Por otra parte, los ponentes deberán aclarar la disposición transitoria primera que establece como regla general la aplicación no retroactiva de esta ley salvo con algunas excepciones, entre las que según Podemos entraría la cláusula de vencimiento hipotecario, y que ha alertado podría afectar a las decenas de miles de ejecuciones hipotecarias que están actualmente suspendidas.

Palacín ha aseverado que la idea del Gobierno es que la aprobación de esta ley «no desbloquee estos procesos de ejecución aparcados en los tribunales» y ha recordado un informe de la Abogacía del Estado que incide en que la nueva norma no afectaría a los contratos que están ahora en suspenso.