Los bonistas del Popular critican la falta de análisis en el informe de Deloitte

La firma de abogados Quinn Emanuel, en representación de tenedores de bonos del Banco Popular, criticó hoy la falta de análisis «real» en el informe de valoración de la entidad bancaria realizado por Deloitte, cuya versión no confidencial publicó la Junta Única de Resolución (JUR).

«Ahora resulta obvio por qué la JUR no quería revelar este informe, pues muestra con claridad la falta de un análisis real y una valoración adecuada», declaró el socio principal del bufete, Richard East, que representa a un grupo de fondos en el cual se incluye a Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital.

El abogado añadió que la Junta Única de Resolución «liquidó» las inversiones de sus clientes a partir de un informe, el de Deloitte, que, según indicó la propia consultora, se preparó en un plazo de tiempo «extremadamente corto» y, por tanto, «debe ser considerado como altamente incierto y provisional».

Sin tiempo y acceso limitado a la información

«Manifiesta que tuvo acceso limitado a información o gestión crítica al hacer sus evaluaciones», agregó East.

En el documento de Deloitte publicado hoy por la JUR tras eliminar su información sensible, la consultora señala que no tuvo acceso a «cierta información crítica» y que tuvo «oportunidades limitadas» de debatir las conclusiones con la directiva, auditores, supervisores y otro personal familiarizado con el Popular.

La consultora precisa que tuvo 12 días para elaborarlo, mientras que normalmente hubiesen esperado contar con «al menos seis semanas» para un proyecto de esta naturaleza y puntualiza que así se acordó inicialmente con la JUR el 23 de mayo de 2017.

El pasado 6 de junio, el BCE decretó que el Banco Popular era «una entidad inviable o con probabilidad de serlo» y lo comunicó a la Junta Única de Resolución, que durante la madrugada ordenó la resolución de la entidad.

El 7 de junio, el Ejecutivo comunitario dio luz verde al plan de resolución.

El Santander, el único banco que presentó una oferta de compra, se hizo entonces con el 100 % del Banco Popular por un simbólico euro en una operación en la que accionistas y tenedores de deuda perdieron el 100 % de la inversión.

Esto abrió la puerta a numerosos procesos judiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales españoles, como los que presentaron Anchorage Capital, Algebris y Ronit Capital.