Los consumidores exigen una reforma del bono social para evitar pagarlo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido este jueves una reforma urgente del bono social para evitar que los consumidores tengan que pagarlo en los peajes.

Endesa, la eléctrica que quiere acabar con el bono social un descuento del 25% en la factura y que va dirigido a personas especialmente vulnerables y familias numerosas, recibirá los descuentos aplicados hasta ahora.

Así la eléctrica española gobernada por los italianos de Enel, pero presidida en España por Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, senador por desginación real e implicado y condenado por varios procesos judiciales, ha conseguido que el Tribunal Supremo declare inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria.

Ante este revés, la OCU ha exigido que se adecúe el bono social a los criterios que establece la normativa europea y que «evite el riesgo de que sean los consumidores quienes asuman una vez más su financiación mediante los peajes«.

La petición de la OCU se produce después de que ayer el Tribunal Supremo declarase inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica más vulnerables

En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos interpuestos por EON España y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del Real Decreto de 2014.

Para OCU, estas sentencias «ponen de manifiesto una vez más la pésima regulación del sector eléctrico que tiene consecuencias muy negativas para los consumidores», ha señalado en un comunicado.

Esta organización considera que, además de la financiación, es urgente una reforma de las condiciones de acceso al bono social, de forma que llegue a todos los consumidores que se encuentran en una situación precaria, ya que, a su juicio, el actual no cumple esa función.

Así, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, sólo 70.000 familias con todos sus miembros en paro acceden al 25% de descuento que otorga el bono social, frente al 1.438.000 de hogares que, según el INE, se encuentran en esa situación.

Por ello, OCU pide al Gobierno que aproveche la necesaria reforma del bono social para crear una auténtica tarifa social basada en la renta con el objetivo de combatir la pobreza energética en España.