Los españoles con menos recursos rompen con la regla del 30-30-30 para comprar una vivienda

La fórmula para mantener un colchón y un nivel de vida acorde con el nivel de ingresos se basa en la regla del 30-30-30. 30% de inversión, como la vivienda, otro 30% para gastos, 30% en ahorro y un 10% que pasaría a formar parte del colchón de imprevistos.

Esta regla, de difícil aplicación en los tiempos actuales debido a los altos precios de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, junto con los bajos salarios, no la cumple una gran parte de la población con bajos recursos. En concreto, el 20% de este grupo dedica más del 40% de sus ingresos para poder acceder a una vivienda, mientras que el 20% de la clase rica tan solo se abona el 25% de los ingresos para poder acceder a una vivienda.

Así lo ha expuesto el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien ha alertado del elevado esfuerzo económico que supone acceder a un derecho tan básico como una vivienda, ya sea para compra o para alquiler. Este panorama constituye un «problema relevante y serio».

Marugán ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre el derecho a una vivienda digna. Ha afirmado que, de media, los españoles dedican a la vivienda 8.774 euros al año, lo que supone el 30,1% de sus ingresos totales, y que la vivienda es el primer gasto de los ciudadanos, aunque el porcentaje varía según la capacidad económica.

El 20% de los españoles con menos recursos dedica a este fin el 40% de su capacidad de gasto, proporción que se reduce al 25 % en el caso del 20 % de ciudadanos con mayor capacidad de gasto.

Más tiempo para poder pagar una vivienda

Marugán ha apuntado que, teniendo en cuenta el precio medio de una vivienda y la renta bruta que percibe un trabajador en 2018, para adquirir una casa es necesario invertir 7,2 años. «Cada vez son más los ciudadanos que le dedican más tiempo a comprarse una casa«, ha añadido, al señalar que en 2015 hubiese bastado con seis años y medio.

«Hemos vivido un periodo de retroceso que nos ha conducido a ser uno de los países europeos que menos protección social da a un bien tan esencial como éste», ha apostillado.

En su discurso, el Defensor del Pueblo ha apuntado que la crisis ha producido cambios en el mercado de vivienda y en el régimen de tenencia, y ha comentado nuevos fenómenos a los que ahora se enfrentan, como el auge de los alquileres turísticos y la precariedad laboral.

En cuanto al fenómeno del alquiler turístico, ha afirmado que «genera una mutación en el seno del urbanismo» de los grandes núcleos urbanos españoles, como Madrid o Barcelona, que «expulsa a muchas familias del centro de las ciudades», las cuales «se ven obligadas a buscar una vivienda en barrios periféricos».