Los españoles pagan 700 millones en la factura de la luz por 100 centrales que no se usan

Los españoles pagan 700 millones en la factura de la luz por 100 centrales que no se usan

02 agosto, 2017
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Actualizado: 02 agosto, 2017 12:36
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El tiempo continua demostrando que las malas previsiones de eléctricas y gobiernos las pagan los ciudadanos mes a mes en la factura de la luz.

El reactor nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que no volverá a funcionar, es el más antiguo de los siete en operación en España, además de ser el de menor capacidad y uno de los que mayor rechazo ha generado en el sector antinuclear, que convirtió la petición de cierre en un símbolo.

Actualmente hay cinco centrales nucleares en operación en España: Almaraz, en Cáceres (con dos reactores I y II); Trillo, en Guadalajara; Vandellos II y Ascó (dos reactores I y II), ambas en Tarragona, y Cofrentes, en Valencia.

El Gobierno cierra la nuclear de Garoña, que costará 500 millones a los españoles

Desde 1987, cuando se abrió la última central nuclear, hasta los años 2000, la potencia instalada del sector eléctrico se había mantenido prácticamente sin cambios. Sin embargo, a partir de estos años, el Gobierno temió apagones reales en España. En ese momento, y siguiendo unas previsiones que los años han demostrado erróneas, las compañías eléctricas invirtieron más de 13.100 millones de euros y se lanzaron a llenar España con decenas de nuevas plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural para generar electricidad sin poner en duda que esas grandes inversiones estaban justificadas.

Sin embargo, el tiempo continua demostrando que las malas previsiones las pagan los ciudadanos mes a mes en la factura de la luz.

El Gobierno avaló, tal y como recoge el diario El Independiente, la necesidad de que en España se construyeran casi 70 nuevas centrales de gas con una potencia de unos 25.000 nuevos megavatios, lo que implicaba elevar un 50% la potencia instalada de todo el sector eléctrico.

Las nuevas instalaciones no alcanzaron el nivel de producción para el que fueron diseñadas.

Sin embargo, el Gobierno de zapatero acabó con ese sueño de las grandes eléctricas al promover las energías renovables, que dependen de factores externos como el sol, el viento o el agua y la crisis económica de 2007 imposibilitó que la demanda eléctrica en España, tan esperada, se fuera al traste.

700 millones anuales

Por ello, el Ministerio de Industria empezó a pagar a esas centrales de gas, algunas de las de carbón e hidroeléctricas de bombeo una ayuda por estar siempre disponibles en el caso de que las renovables fallasen.

Esa ayuda más la que reparte desde 1997 como incentivos a las inversiones realizadas en nuevas instalaciones de generación integran los ‘pagos por capacidad’, una partida que sufragan los consumidores con el recibo de la luz, y que supone cerca de 700 millones de euros anuales de sobrecoste.

Para evitar la quiebra de todo el sistema eléctrico, el Gobierno impuso un sistema mediante el cual emitía bonos con los que temporalmente se tapaba la deuda. Esos bonos, más sus intereses, hay que devolverlos a costa de los usuarios con recargos en el recibo de la luz durante quince años. En total, a cada usuario en España le corresponderían unos 1.000 euros.El oscuro pacto entre eléctricas y Gobierno para subir la luz

El coste medio ponderado, según el informe de Competencia, de la deuda del sistema eléctrico en 2017 con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, es del 3,319%, 20,3 puntos básicos menos con respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2016, con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2015.

La anualidad correspondiente a 2017 de la deuda del sistema eléctrico se sitúa en 2.838,3 millones de euros, de los cuales 2.072,6 millones son de principal (73%) y 765,7 millones de euros son intereses (27%).

Esto significa que los usuarios de luz están pagando más intereses por un problema que creó el Estado para evitar el colapso de las eléctricas, que han cerrado 2016 con un beneficio de 5.463 millones de euros, un 30% más que en 2015 pese al desplome del precio de la electricidad.

Según  fuentes consultadas por el citado diario, El Independiente, cada año acaban cobrando esas ayudas en torno a un centenar de centrales eléctricas, añadiendo que trata de estimaciones del sector porque el Gobierno no hace público ese dato y no identifica qué instalaciones perciben dichas  ayudas.

 

 

 

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