Los españoles, sin bonificación, subvencionan el gasóleo a empresas de transporte extranjeras

La Plataforma en Defensa del Transporte se ha sumado a Fenadismer y ha denunciado que la extensión de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible a las empresas extranjeras que operan en España es «una falta de respeto y una provocación en toda regla a los transportistas españoles». También lo es para el resto de ciudadanos españoles, que perdieron la bonificación a los carburante el pasado 31 de diciembre.

En un comunicado la organización -la convocante de las huelgas de transportistas a finales de 2021 y en marzo de 2022 que llegaron a interrumpir el abastecimiento normal- señala que el Gobierno conoce el «daño» que hacen las empresas deslocalizadas (con domicilio en otros países) que compiten de manera «desleal» con las nacionales.

«No podemos permitir la conducta tan discriminatoria y descarada de esta administración a favor de un modelo de mercado basado en la protección y ayuda a las grandes empresas pioneras en el juego sucio, la ilegalidad y el abuso en todos los sentidos hacia las pequeñas empresas de transporte y conductores asalariados», destacan.

El Transporte denuncia que la mayoría de los profesionales no han cobrado ni un euro de la bonificación al carburante

Este tipo de medidas dan más margen a aquellos a los que se debe «cortar las alas», «una auténtica vergüenza», más cuando la mayoría de transportistas españoles todavía no han cobrado ni un euro en este concepto desde el 1 de enero de este año.

Según su información, la «mayoría» de empresas deslocalizadas son propiedad de «señores que se sientan en el comité nacional de transporte mediante la organización CETM».

Defienden que el Gobierno no ha cumplido lo comprometido tras los paros de marzo por lo que «el sector del transporte necesita un paro nacional indefinido al más alto nivel».

La asociación mayoritaria en el sector, Fenadismer, ya criticó la bonificación al gasóleo a las empresas extranjeras que operan en España, que beneficia a las «empresas buzón» (tienen sede en un país pero realmente operan en otros), domiciliadas sobre todo en países del Este de Europa, aunque en algunos casos pertenecen a empresarios españoles que han deslocalizado sus flotas para tener menores costes laborales y fiscales.