El Gobierno, al servicio de la banca en las cláusulas suelo, según los letrados de Justicia

«El intento de extraer la cuestión a los tribunales no puede ser interpretado sino como un nuevo empeño, ahora vía legislativa, de beneficiar a la banca, y no el de agilizar las devoluciones a los afectados», señalan los profesionales de la Justicia.El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Sisej, ve «inasumible» que desde el Gobierno se alienten soluciones sobre la devolución de las cláusulas suelo, «ajenas» a la Administración de Justicia, «cuando lo que se debería de procurar es su efectivo funcionamiento».
Y, además, esas soluciones, tal y como denunció Intereconomia.com, las promociona un ministro muy relacionado con el sector bancario, como es Luis de Guindos, responsable de Economía.
Los profesionales de Justicia, demandan la dotación de medios personales y materiales suficientes para dar «una solución ágil y efectiva» a las reclamaciones que hagan los consumidores sobre la devolución de las cláusulas suelo, y a las que ya están en marcha relativas a los gastos en la constitución de hipotecas, también declarados abusivos.
El sindicato ha hecho esta consideración en relación a la propuesta del Gobierno de aprobar un real decreto que establecerá un sistema extrajudicial gratuito y con el que, en un plazo máximo de tres meses, los consumidores podrán recuperar lo pagado de más por las cláusulas suelo.

Lo procedente son es un acuerdo extrajudicial entre bancos y afectados por las cláusulas suelo, sino devolver lo cobrado indebidamente y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El sindicatoasegura que aunque se ha dicho que es necesaria una negociación entre los afectados y la banca, «lo único procedente» es dar cumplimiento a lo ya resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la devolución de lo indebidamente recibido.
«Cualquier intento de enervar o mermar este hecho es ir contra lo ya resuelto», ha advertido el sindicato, para quien lo único que la banca necesita es «voluntad de hacerlo y dinero».
Además, ha advertido de que ir en contra del cumplimiento del fallo del TJUE, que dictó a favor del pago retroactivo de las devoluciones por cláusulas suelo abusivas, «supone infringir el mandato de la sentencia».
«El apartamiento del sentir de la norma con una violación grosera en su interpretación, buscando tan sólo el beneficio del sistema bancario a costa del consumidor, es lo que nos ha llevado a la actual situación», ha denunciado el sindicato, que ha insistido en que desde el poder político, «la única respuesta posible es exigir el cumplimiento de la legalidad, fijando plazos y sanciones, y en último término, dotando de medios a los órganos constitucionalmente encargados de esta labor», que es la Administración de Justicia.

El decreto que pretende aprobar el Gobierno sobre las cláusulas suelo coloca a los afectados en una situación de inferioridad e indefensión frente a la banca, señalan los letrados de Justicia

Al respecto, también ha considerado que el establecimiento de la obligatoriedad de un arbitraje extrajudicial sólo supondría el alargamiento en el trámite para la resolución del conflicto, colocando al afectado en una situación de inferioridad frente a la banca, mermando sus expectativas y forzándole a un acuerdo no deseado con tal de poner fin a la disputa.
«El intento de extraer la cuestión a los tribunales no puede ser interpretado sino como un nuevo empeño, ahora vía legislativa, de beneficiar a la banca, y no el de agilizar las devoluciones», ha criticado el sindicado, para quien si lo que se quiere es una solución mediada, lo lógico sería acudir al sistema ya previsto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sometiéndola a los letrados de la Administración de Justicia.
Por último, el sindicato ha precisado que si lo que se pretende en este conflicto es ahorrar tiempo y trámites, ello pasa por la imposición vía norma legal de la obligatoriedad a la banca de atender al cumplimiento de la sentencia del TJUE, estableciendo un plazo para la liquidación y efectividad de la devolución, con sanciones en caso de incumplimiento, y remitiendo a la Administración de Justicia cualquier solución al conflicto.
Igualmente, ha solicitado la creación de órganos de refuerzo y medios necesarios para atender a la carga de trabajo que su demanda origine.