Los peritos del caso Plus Ultra unánimes: la aerolínea venezolana es insolvente

Los peritos del caso que investiga la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra han ratificado este martes las conclusiones de sus respectivos informes, en los que difieren acerca de si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.

Según han informado fuentes jurídicas, los peritos designados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid han insistido en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, una opinión que ha sido rechazada por los expertos de la SEPI.

Es la segunda vez que los peritos ratifican sus informes ante la titular del juzgado, Esperanza Collazos, que mandó repetir la prueba debido a fallos técnicos en el sonido de la grabación del primer careo, que tuvo lugar el pasado 18 de enero.

Como en aquella ocasión, los peritos designados por la juez han asegurado que la aerolínea tenía problemas a finales de 2019, una situación que tendría que haberla excluido de recibir las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia, aprobado por el Gobierno y ejecutado por la SEPI durante la crisis del coronavirus, para compañías afectadas por los efectos económicos de la pandemia.

Es más, ha explicado la vicesecretaria nacional jurídica de VOX, Marta Castro, en declaraciones a los medios, han aseverado, a preguntas suyas, que si no hubiera existido la «operación de maquillaje de cuentas con el crédito participativo», la empresa posiblemente habría tenido que ser resuelta «puede que por un concurso de acreedores».

Todo lo contrario han manifestado los asesores de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que han reiterado, al igual que ya hicieran en enero, que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.

En un comunicado, Plus Ultra recalca que «las conclusiones de la repetición del careo entre peritos no han aportado elemento alguno que pudiera conducir a dudar de la situación de ‘empresa no en crisis’ al cierre de 2019».

En su opinión, «no hay tampoco elementos que demuestren que no se cumpliera con los requisitos», sino que se trata «de una cuestión subjetiva», por lo que «no puede resultar suficiente para apreciar, ni siquiera indiciariamente, ningún hecho punible penalmente».

Respecto al préstamo participativo recibido por la compañía en 2018, de cuyo origen y naturaleza desconfían las acusaciones, Plus Ultra entiende que los peritos «han defendido su carácter, aportando numerosos argumentos de carácter mercantil, contable y legal».

En este sentido, recuerda que «la naturaleza participativa también fue validada igualmente por el auditor de cuentas de la aerolínea y por la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)».

VOX PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE PLUS ULTRA

Tras el careo de los peritos, Castro ha anunciado que VOX, que figura en la causa como acusación popular, solicitará la comparecencia del representante legal de Plus Ultra para que explique los «intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata» a los fondos.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Esto suscitó las críticas de sus competidores y de los partidos de la oposición, entre ellos el PP, que solicitó la creación de una comisión de investigación en el Congreso al considerar que es una empresa española «no estratégica», con gran peso de capital venezolano y panameño.

Un mes más tarde, el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación.

Desde entonces, Plus Ultra ha respaldado la legalidad del proceso de concesión, en el que «se cumplían todos los requisitos de elegibilidad» que exige la normativa, y fueron «totalmente transparentes en la documentación aportada al expediente de la ayuda pública».

Para la aerolínea, mantener la causa abierta, cuando hasta la propia Fiscalía ha solicitado su archivo, «prolonga injustamente el daño a la reputación de la compañía», al utilizarse «instrumentalmente» por parte de «determinados partidos políticos» para atacar su «solvencia o capacidad».