Los restauradores catalanes recurren el cierre ordenado por la Generalitat

Los restauradores catalanes han anunciado hoy que impugnarán ante Justicia el cierre forzoso de bares y restaurantes en la comunidad durante 15 días ordenada por la Generalitat, lo que estiman afectará a unos 35.000 locales, la mayoría pequeños propietarios.

Así lo han explicado tanto el director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, como el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas, que han hecho pública su postura tras la decisión del Gobierno autonómico de cerrar en Cataluña durante quince días para hacer frente a la pandemia.

Pallarols ha denunciado que el cierre se impone de manera «inmediata» y sin apenas «medidas de apoyo», por lo que el Govern «parece que se empeñe en agravar la situación de un sector económico clave para Barcelona».

«Parece que se empeñen en culpar a la restauración» al limitar su actividad a la entrega de comida a domicilio o a servirla para llevar, «volviendo a una especie de fase 0», ha dicho.

Por ello, ha reclamado al Govern que articule mecanismos para que el sector pueda seguir operando y que «no destruya el motor de la economía catalana», ya que de esta manera está «destruyendo la manera de ganarse la vida de muchas familias». «No puede ser que la COVID-19 se lleve por delante todo nuestro tejido productivo», ha dicho.

El representante de este gremio ha advertido de que el Govern no puede actuar contra 9.000 restauradores en Barcelona y al mismo tiempo no tome decisiones efectivas para «aminorar los alquileres» que pagan muchos de estos empresarios.

Por su parte, en nombre de la patronal Fecasarm, que representa tanto al ocio nocturno como a la hostelería, su secretario general, Joaquim Boadas, ha asegurado a Efe que ya trabaja en un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

«Fecasarm pedirá la suspensión inmediata de la vigencia de la resolución», ha explicado el dirigente empresarial, que ha alertado de que este cierre durante dos semanas de bares y restaurantes puede tener «consecuencias letales».

«Para muchos empresarios será imposible superar la inactividad forzosa durante 15 días, porque llevan desde marzo con cierres, restricciones horarias y de restricciones de ocupaciones en terrazas, y todo ello tras una temporada de verano nefasta», ha asegurado.

Esta asociación estima que las pérdidas diarias -sin distinguir entre fines de semana y laborables- pueden ser de unos 2.000 euros por local, incluyendo tanto costes de alquiler como otros gastos fijos, por lo que estima que la factura global de ese cierre de dos semanas puede ser de unos 1.000 millones de euros.