Los retos de los bancos españoles en 2017: rentabilidad y cláusulas suelo

Los bancos españoles se enfrentan a grandes retos de cara al 2017. Tratarán de elevar la rentabilidad, eliminar los activos tóxicos de su balance, mejorar la reputación y la compensación por el dinero cobrado de más en las hipotecas con las cláusulas suelo y los gastos derivados de la firma del contrato.
El Gobierno aprobará un código de buenas prácticas para facilitar las devoluciones a los afectados, aunque algunos expertos consultados creen que la elevada factura que afronta la banca podría contribuir a encarecer el crédito, elevando así la rentabilidad.
En concreto, fuentes del sector explicaron a Efe que las entidades financieras afectadas dan por hecho que tendrán que engordar sus provisiones de fondos con otros 2.000 millones de euros, ya que calculan que tendrán que devolver entre 5.000 y 7.000 millones de euros, aunque la cifra podría situarse en 4.000 millones, según el Banco de España.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó el pasado 21 de diciembre en una sentencia que los bancos españoles deberán devolver a sus clientes con cláusulas suelo en sus hipotecas los intereses íntegros que les cobraron de más.
Con su decisión, el TJUE desestimaba una sentencia anterior del Tribunal Supremo español, que limitaba la devolución a lo cobrado desde 2013, al considerar que esa limitación no es compatible con el derecho de la Unión Europea (UE) y supone una protección de los consumidores «incompleta e insuficiente».
El alto tribunal español decidió el 9 de mayo de 2013 que las cláusulas suelo de las hipotecas eran abusivas por falta de transparencia y las declaró nulas, pero determinó que los usuarios solo podrían recuperar los intereses que abonaron indebidamente desde la fecha de esta sentencia y no desde que suscribieron la hipoteca.
En cuanto a entidades concretas, una de las que tendrán un 2017 más movido será el Banco Popular, que estrenará presidente en febrero, Emilio Saracho, elegido para sustituir a Ángel Ron, cuya gestión de los últimos años, especialmente la relativa al «ladrillo» -los activos inmobiliarios tóxicos- llegó a dividir el Consejo de Administración.
Sin embargo, otra de las grandes incógnitas del sector, el futuro de las entidades nacionalizadas Bankia y BMN, podría quedar sin despejar este año, después de que el Gobierno decidiera retrasar hasta finales de 2019 el plazo para privatizar la primera, con la esperanza de recuperar la mayor cantidad posible de las ayudas públicas que recibió.
El Estado también estableció una prórroga de dos años para salir del capital de BMN (el grupo formado por Caja Murcia, Caja Granada y la balear Sa Nostra), por lo que la desinversión pública en esta entidad tendrá que completarse en marzo de 2020.
Durante este año también se sabrá si efectivamente comienza una nueva oleada de fusiones en el sector financiero español, bien entre entidades nacionales o bien con la participación de alguna extranjera interesada en comprar alguno de los bancos más «débiles» o que están más baratos en Bolsa.
La lista de candidatos no es muy larga, pero a ella se ha unido casi en el último minuto el Banco Popular, una entidad que siempre había dejado muy clara su vocación de independencia y que ahora, tras el nuevo batacazo bursátil sufrido después del anuncio de la salida de Ron, está más barata que nunca y al alcance de los grandes inversores.
Y este año también se sabrá si las entidades podrán seguir contando con la ayuda del BCE cuando termine el plazo fijado para su programa de estímulos monetarios mediante la compra de deuda, que el pasado 8 de diciembre se amplió otros nueve meses -hasta diciembre de 2017-, aunque el importe de estas compras se reducirá de 80.000 a 60.000 millones de euros mensuales a partir de abril.
La entidad rectora del euro mantuvo ese mismo día los tipos de interés en la zona del euro en el mínimo histórico del 0% y anunció que seguirían en niveles similares «por un periodo de tiempo prolongado«, a diferencia de lo que ocurre en EEUU, donde ya han empezado a subir.
Precisamente los bajos tipos de interés son uno de los mayores motivos de queja de la banca española, que ve menguar sus ingresos procedentes de los créditos, aunque también lo hacen los gastos que les supone remunerar a sus clientes los productos de ahorro o los depósitos.
Algunos expertos consideran que la decisión del TJUE sobre las cláusulas suelo será aprovechada por la banca para encarecer el crédito, precisamente en un momento en que parece que empieza a crecer, especialmente el hipotecario.
Mientras tanto, la banca continuará estudiando estrategias para afrontar la creciente presencia de nuevos competidores, y avanzando en sus respectivos procesos de transformación digital para ahorrar, optimizar sus recursos y recuperar la rentabilidad.